El artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo menciona que los funcionarios electos por el Congreso Nacional, cuando concluyan su periodo, podrán seguir en funciones mientras no se elijan nuevas autoridades.
No obstante, Ramón Barrios consideró que la aplicación de ese artículo entra en conflicto con el artículo 233 de la Constitución de la República y en relación con el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público.
Dicho artículo constitucional, menciona que "la titularidad del Ministerio Público corresponde al fiscal general; habrá, asimismo, un fiscal general adjunto, quien sustituirá al titular en caso de ausencia, excusa o recusación".
Sin embargo, para el diputado Barrios, este apartado ya no cabe, pues ambos fiscales cesaron de sus cargos al cumplirse los cinco años el pasado 31 de agosto y tampoco el artículo 80 la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pues es la norma secundaria.
El artículo 320 de la Constitución menciona que "en caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera".
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Recurso de inconstitucionalidad parcial
Mientras que el artículo 18 del la Ley del Ministerio Público expone que el Ministerio Público tendrá un fiscal general adjunto "bajo la subordinación directa del titular, a quien sustituirá en sus ausencias temporales y en las definitivas mientras se produzca el nombramiento del propietario, así como en los casos de excusa o recusación".
Agrega que, "a falta del fiscal general adjunto, hará sus veces el director general de la Fiscalía".
"Nosotros estamos solicitando esa inconstitucionalidad parcial porque ese artículo no se puede aplicar con respecto a la elección del fiscal general y adjunto en función del principio de especialidad de la Ley del Ministerio Público que ya indica un orden de sucesión, en función de que el fiscal general y adjunto tienen periodos taxativos de cinco años que vacaron el 31 de agosto", declaró Barrios.
Sala Constitucional ya declaró constitucional el artículo 80
El pasado 5 de septiembre, el Ministerio Público recordó, en un comunicado, que en febrero de 2017 la Sala Constitucional del Poder Judicial declaró constitucional el artículo 80 de la Ley Orgánica Poder Legislativo, pese a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los diputados Jari Dixon y Jorge Cálix, del partido Libre.
El fallo de entonces, menciona que "dicho artículo regula situaciones excepcionales y provisionales, constituyendo un modo de mantener la estabilidad y continuidad de las instituciones del Estado y el Estado mismo".
En ese sentido, el Ministerio Público concluyó que el actual fiscal general adjunto, Daniel Sibrián, está en la obligación legal de seguir en funciones mientras el Congreso Nacional no designe su sustituto.
Sin embargo, el diputado Ramón Barrios aseguró que respetan la decisión de la Sala Constitucional de decir que sigue siendo constitucional ese artículo, pero únicamente con respecto a la aplicación de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
A ello, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, señaló que Barrios, "por conveniencia política", desconoce el fallo emitido por la anterior Sala Constitucional.
"Hay que seguir ilustrando al diputado y catedrático Barrios con su inconstitucionalidad. Por conveniencia política desconoce los efectos generales del fallo dictado en 2017; según lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, los fallos de la Sala Constitucional tienen efectos para todos", explicó.
Polémica
La polémica se originó luego que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, indicara que los fiscales del Ministerio Público, Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián, incurrirían en delitos penales si continuaban en funciones, pese a culminar el periodo de cinco años para el que fueron electos (2018-2023).
El artículo 321 de la Constitución expone que "los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad".
Por lo pronto, Redondo nombró una comisión especial para que de inmediato investigue a los extitulares del Ministerio Público y su participación por acción u omisión en las estructuras del crimen organizado.
Sin acuerdos en la elección de fiscales
Los 128 diputados del Congreso Nacional no han logrado, en cuatro intentos, elegir al nuevo fiscal general y al fiscal adjunto del Ministerio Público para el período 2023-2028.
Ante la falta de consensos para elegir a los nuevos fiscales, las mociones del oficialista partido Libre fueron rechazadas por las fuerzas opositoras.
Libre se mantuvo en la posición de elegir a Johel Zelaya Álvarez como fiscal general y a Marcio Cabañas como adjunto; no obstante, solo logró 52 votos en todas las votaciones.
De manera similar, el Partido Salvador de Honduras (PSH) hizo lo propio al proponer a Marcio Cabañas como fiscal general y a Jenny Almendares como adjunta, moción que alcanzó 74 votos, respaldada por el Partido Nacional y el Partido Liberal.
Los diputados deben seguir buscando consensos para la nueva elección y suplir a Óscar Chinchilla (fiscal general) y Daniel Sibrián (adjunto), que ya cesaron de sus cargos.
La Constitución de la República manda de que se deben elegir a estas autoridades una vez que culminaran el periodo de cinco años el fiscal general y adjunto.
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