Como ya se ha informado profusamente, el Congreso Nacional aprobó una nueva extensión de la “vacatio legis” del Código Penal que, por tal providencia, entrará en vigor el 25 de junio de este año.

De conformidad con la exposición de motivos en los que se ha sustentado el proyecto de decreto discutido el fin de semana, el sistema de administración de justicia necesita introducir mecanismos de capacitación y difusión de la normativa penal, en tanto los magistrados, jueces y fiscales requieren profundizar sus conocimientos sobre la herramienta jurídica.

Con la disposición de postergar la entrada en vigencia del nuevo código, se ha privilegiado la necesidad de escuchar, dialogar y reflexionar acerca de la legislación penal y su aplicación en el país.

Tal y como lo han declarado las autoridades del Poder Legislativo, hoy más que nunca Honduras precisa de la buena voluntad de abrir todas las vías que nos conduzcan a consensos entorno a nuestra vida institucional. El entendimiento es un fin esencial y un propósito primario.

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Alrededor del Código Penal, las posiciones son contrastadas. Unos, enfatizan que el instrumento legal pretende devolver el equilibrio entre el principio de proporcionalidad y función de la pena; además, adecuar la justicia a la nueva realidad.

A contrapelo, otros segmentos de opinión pública están convencidos que el nuevo Código Penal tiene inconsistencias de fondo muy serias, principalmente porque –según su particular análisis- constituye una salvaguardia para los corruptos y reduce las penas para los delitos contra la administración pública, el narcotráfico, el lavado de activos y otros de la misma especie.

Existen muchas definiciones dudosas, tesis confusas e interpretaciones ambiguas respecto al instrumento de derecho que regula la potestad punitiva del Estado de Honduras.

En el período de 45 días que faltan para llegar al 25 de junio, cuando entrará en vigor el Código Penal, el Congreso Nacional mantendrá abiertos los espacios para que todos los sectores presenten sus propuestas y argumentos que contribuyan a enriquecer la normativa.

Ojalá que los diputados den vida a una genuina intención de escuchar a la sociedad civil y que los representantes de estos grupos que rechazan el Código Penal se sumen a la jornada de consensos, sin excusas ni intereses desviados.

Al menos, éste es el compromiso asumido por el Poder Legislativo. Y es un esfuerzo encomiable en momentos en que hay que impulsar los acuerdos y la diversidad de opiniones para cosechar la certidumbre y la paz entre el pueblo hondureño.

Es cierto que el nuevo Código Penal no acabará con el monstruo de la criminalidad en nuestro país, pero es un instrumento sobre el cual debe cimentarse la aplicación recta y justa de la ley. ¡Así esperamos que suceda!

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