Honduras volvió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), pero lo hizo con una cartera de controversias internacionales que continúa moviéndose entre litigios, negociaciones, reducciones de pretensiones y casos que ya salieron del tablero.
El país depositó su instrumento de ratificación del Convenio del CIADI el 17 de julio de 2026 y, de acuerdo con las reglas del tratado, este volvió a entrar en vigor para Honduras el 16 de agosto de 2026. El país se convirtió nuevamente en Estado contratante del sistema internacional de solución de controversias sobre inversiones.
El regreso fue planteado por la actual administración como una decisión vinculada con la seguridad jurídica y la atracción de capital.
Durante la firma del Convenio, el presidente Nasry Asfura sostuvo que reincorporarse al sistema “no es un acto protocolario, sino una decisión estratégica de Estado”, orientada a fortalecer la imagen de Honduras y generar un entorno confiable para los negocios.
La pregunta que ahora adquiere relevancia es otra: ¿con qué cartera de demandas vuelve Honduras y cuál es la factura legal y económica que mantiene sobre la mesa?
La respuesta requiere separar tres conceptos que con frecuencia se mezclan: el monto reclamado por los inversionistas, la cantidad que eventualmente podría determinar un tribunal y el dinero que el Estado desembolsa para defenderse.
Una reclamación por cientos de millones de dólares no significa automáticamente que Honduras deba pagar ese dinero. El procedimiento puede terminar con un rechazo, una reducción de la pretensión, una conciliación, un desistimiento o una resolución favorable para el Estado.
¿Cuántas demandas administra Honduras?
La referencia oficial más reciente proviene de la Procuraduría General de la República (PGR).
El 4 de agosto de 2026, el procurador general Dagoberto Aspra informó que el Estado trabaja en diferentes procesos internacionales y afirmó que “son 18 demandas contra Honduras, la mayoría entre 1,600 millones a 2,500 millones de lempiras”.
Aspra explicó además que la estrategia no será igual para todos los expedientes.
Según el procurador, algunos conflictos están siendo evaluados para buscar soluciones negociadas, mientras que en otros Honduras mantendrá su defensa ante el organismo internacional. En ese contexto resumió uno de los objetivos de la PGR: “Estamos conciliando, tratando de no pagar nada”.
Una reconstrucción periodística publicada el 17 de agosto contabilizó, en cambio, 14 casos pendientes relacionados con sectores como energía, transporte, construcción y finanzas.
Las dos cifras no necesariamente son incompatibles.
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La diferencia puede depender del universo utilizado por cada recuento: arbitrajes formalmente pendientes en el CIADI, procedimientos desarrollados mediante otros mecanismos, casos en distintas etapas o controversias que forman parte de la cartera jurídica internacional de la PGR.
Por ello, el dato definitivo deberá surgir de un inventario actualizado de la Procuraduría que detalle el estado de cada expediente.
Lo importante es que la cartera no es estática. Durante los últimos años algunos casos ingresaron, otros terminaron y varias pretensiones económicas cambiaron.
Próspera sigue siendo el reclamo individual de mayor cuantía
El expediente de Honduras Próspera Inc., St. John’s Bay Development Company LLC y Próspera Arbitration Center LLC contra la República de Honduras, registrado como ARB/23/2, continúa siendo el caso de mayor exposición económica conocido públicamente. El CIADI todavía lo incluye entre los procedimientos relacionados con Honduras.
La reclamación original fue planteada por aproximadamente US$10,775 millones.
Sin embargo, la PGR informó el 22 de octubre de 2025 que el monto reclamado había bajado a alrededor de US$1,630 millones después de casi dos años de litigio.
La diferencia es sustancial: alrededor de US$9,145 millones menos que la pretensión inicial.
Eso no significa que Honduras tenga actualmente una obligación por US$1,630 millones. Esa cifra representa el valor de la reclamación informada por la PGR, cuya procedencia debe determinarse dentro del proceso arbitral.
El expediente ha continuado generando actuaciones durante 2026, por lo que permanece entre los asuntos de mayor importancia para la defensa jurídica internacional del Estado.
Desde Próspera también se ha expresado públicamente disposición a explorar una salida negociada. Su secretario técnico, Jorge Colindres, manifestó recientemente expectativas de que el conflicto pueda llegar a una conciliación.
Esto abre un escenario en el que las partes podrían evaluar una solución antes de esperar una decisión definitiva del tribunal, aunque cualquier acuerdo dependerá de las condiciones que eventualmente sean negociadas.
Energía concentra varios de los arbitrajes
El sector energético ocupa una parte importante de la cartera de controversias.
Entre los expedientes activos figura Eléctricas de Medellín Ingeniería y Servicios S.A.S. contra Honduras, caso ARB/24/24, relacionado con el sector eléctrico y la participación del inversionista colombiano en Empresa Energía Honduras (EEH).
El procedimiento se encuentra en una fase relevante.
El CIADI programó para julio de 2026 una audiencia sobre jurisdicción, lo que significa que el tribunal analiza, entre otros aspectos procesales, si tiene competencia para conocer la controversia en los términos planteados.
También aparecen entre los casos en los que Honduras recibe representación legal internacional los expedientes X-Elio Energy S.L., caso ARB/24/31; Víctor Miguel Silhy Zacarías, ARB/24/32; Fernando Paiz Andrade y Anabella Schloesser de León de Paiz, ARB/23/43, e Inversiones y Desarrollos Energéticos, ARB/23/40.
Estos procesos muestran que la exposición hondureña no está concentrada en una sola empresa ni en un único tipo de inversión.
Dos demandas por US$400 millones salieron del tablero
En noviembre de 2025, la PGR informó que dos inversionistas relacionados con generación energética retiraron procedimientos que conjuntamente reclamaban más de US$400 millones.
Los expedientes correspondían a Scatec ASA contra Honduras, ARB/23/12, y Norfund y KLP Norfund Investments AS contra Honduras, ARB/23/13.
Según la Procuraduría, la finalización de ambas controversias eliminó una contingencia fiscal superior a L10,500 millones. La institución vinculó el resultado con el proceso de renegociación de contratos de energía.
Si se sumaran automáticamente todas las demandas que Honduras ha enfrentado desde 2023, se obtendría una cifra que ya no representa la realidad, porque incluiría procedimientos retirados y montos que posteriormente disminuyeron.
Palmerola: un arbitraje concluido con recuperación de costos
Otro expediente que ya no forma parte de la cartera pendiente es Palmerola International Airport S.A. de C.V. contra Honduras, caso ARB/23/42.
El procedimiento aparece registrado por el CIADI como concluido.
Tras el retiro del arbitraje en marzo de 2025, se estableció que Palmerola debía reintegrar al Estado aproximadamente US$443,254.42 por costos incurridos durante el procedimiento.
La PGR presentó entonces el desenlace como un resultado favorable para la defensa del país.
El caso vuelve a demostrar que una demanda registrada no necesariamente termina generando un pago del Estado hacia el inversionista.
En algunos procedimientos puede suceder exactamente lo contrario.
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Overseas Real Estate muestra que la salida del CIADI no cerró todas las vías
Un expediente particularmente útil para comprender el sistema es Overseas Real Estate LLC contra Honduras, caso ARB(AF)/25/4.
Fue registrado el 15 de mayo de 2025, cuando la denuncia anterior del Convenio del CIADI ya había surtido efecto. El procedimiento se tramita bajo el Mecanismo Complementario del Centro.
La firma Foley Hoag, que participa en la representación de Honduras, identifica el caso como una controversia bajo el DR-CAFTA relacionada con la derogación de las normas que crearon y permitieron las ZEDE.
El expediente permite entender una característica clave del arbitraje de inversión: salir del Convenio del CIADI no necesariamente elimina todas las posibilidades de que un inversionista active un procedimiento internacional.
Los tratados comerciales y otros instrumentos internacionales pueden contener mecanismos propios para resolver controversias.
¿Cuánto está gastando Honduras para defenderse?
Los arbitrajes internacionales generan diferentes tipos de costos: pagos administrativos al centro arbitral, honorarios de bufetes, peritos, especialistas y otros gastos necesarios para sostener la defensa.
Foley Hoag reporta públicamente su participación en la representación del país en casos como Próspera, Eléctricas de Medellín, X-Elio, Víctor Silhy, Paiz, Inversiones y Desarrollos Energéticos y Overseas Real Estate.
Sin embargo, las cifras presupuestarias generales de la PGR no pueden atribuirse automáticamente al CIADI.
El informe de ejecución presupuestaria de la Secretaría de Finanzas correspondiente al primer trimestre de 2026 muestra que el programa de Asesoría y Representación Legal del Estado tenía un presupuesto vigente de L327.86 millones y había ejecutado alrededor de L110.57 millones.
Dentro del mismo informe aparecen L2.88 millones presupuestados para servicios jurídicos, con L844,000 ejecutados, y L61.05 millones vigentes para gastos judiciales, de los cuales se habían ejecutado L60.87 millones.
Pero esas partidas cubren las funciones generales de representación legal de la Procuraduría.
Por tanto, no sería correcto afirmar que los L60.87 millones corresponden exclusivamente a arbitrajes ante el CIADI.
¿Conciliar o llevar los casos hasta el final?
La estrategia que está planteando la PGR parte de que cada controversia debe evaluarse individualmente.
En algunos casos puede resultar más conveniente buscar un acuerdo; en otros, el Estado puede considerar que dispone de fundamentos suficientes para continuar con el arbitraje.
Graco Pérez, abogado especialista en Derecho Internacional, considera que la conciliación puede ser una alternativa útil en determinadas controversias.
"En muchos casos es mejor tratar de resolver de una forma más amigable cualquier situación", explicó al analizar las opciones disponibles frente a procesos internacionales prolongados.
El análisis económico detrás de esa decisión es importante.
Conciliar no significa simplemente aceptar la cifra que reclama una empresa. Implica comparar el posible costo de un acuerdo con los riesgos, duración y gastos asociados con continuar litigando.
Del mismo modo, mantener la defensa puede resultar conveniente cuando existen argumentos jurídicos que permitan cuestionar la jurisdicción del tribunal o las pretensiones económicas del demandante.
La PGR ha señalado que trabaja precisamente con esa combinación: negociación en algunos expedientes y defensa arbitral en otros.
La prevención puede convertirse en otra herramienta de ahorro
La discusión tampoco termina en decidir qué hacer con las demandas que ya existen.
Una política de prevención puede reducir la aparición de nuevas controversias.
El subprocurador José Francisco Quiroz ha planteado que la PGR debe fortalecer su capacidad de anticiparse a los conflictos y estimó que una estrategia preventiva podría generar ahorros de hasta el 50% sobre determinadas acciones legales contra el Estado.
La prevención puede incluir revisión previa de contratos, evaluación de tratados internacionales, identificación temprana de controversias y mecanismos de diálogo antes de que una diferencia llegue al arbitraje.
Para las finanzas públicas, evitar un litigio puede resultar tan importante como ganarlo.
Cohep ve el retorno como una señal de confianza
El sector privado ha recibido positivamente el regreso de Honduras al CIADI.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) señaló que "el regreso de Honduras al CIADI representa una señal positiva para fortalecer la confianza" y generar mejores condiciones para atraer inversión.
La valoración coincide con el argumento planteado por la administración Asfura: utilizar la reincorporación como parte de una estrategia más amplia de seguridad jurídica y atracción de capital productivo.
El CIADI también sostiene que la membresía ofrece a los Estados acceso a un foro especializado para arbitraje, conciliación y mediación y constituye una señal de apertura a mecanismos internacionales reconocidos para resolver disputas.
¿Qué dice el BCH sobre la inversión extranjera?
El contexto económico ayuda a explicar por qué el regreso al CIADI adquiere relevancia.
El Banco Central de Honduras (BCH) reportó que entre enero y marzo de 2026 ingresaron US$213.4 millones en inversión extranjera directa. De ese total, las utilidades reinvertidas alcanzaron US$445.3 millones, un incremento de 50.6% frente al mismo período del año anterior.
El BCH consideró que el comportamiento de las utilidades reinvertidas refleja "expectativas positivas para continuar operando en el país".
El dato permite introducir un matiz relevante.
La reincorporación al CIADI puede ser una herramienta para mejorar la percepción de seguridad jurídica, pero la inversión depende también de múltiples factores: crecimiento económico, infraestructura, energía, costos, oportunidades de mercado, estabilidad normativa y rentabilidad de los proyectos.
VEA: ¿Qué significa que Honduras regrese al CIADI?
¿Cuál es entonces la factura que Honduras tiene pendiente?
La investigación permite responder parcialmente la pregunta.
Honduras vuelve al CIADI con una cartera relevante de controversias internacionales, pero menor que la suma histórica de todos los montos que alguna vez fueron reclamados.
Solo el caso Próspera redujo su pretensión desde US$10,775 millones hasta aproximadamente US$1,630 millones, según la PGR.
A eso se suma la salida de dos arbitrajes energéticos que reclamaban conjuntamente más de US$400 millones y cuya eliminación representó, de acuerdo con la Procuraduría, una contingencia fiscal de más de L10,500 millones.
Palmerola también abandonó su procedimiento y terminó con una obligación de reintegrar al Estado más de US$443,000 en costos.
Al otro lado del balance permanecen Próspera, JLL Capital, Autopistas del Atlántico, Eléctricas de Medellín, X-Elio, Overseas Real Estate y otras controversias que siguen su curso.
Lo que aún no puede establecerse mediante una sola cifra pública es cuánto suman exactamente las pretensiones vigentes de todos los expedientes ni cuánto lleva gastado Honduras exclusivamente en honorarios y costos de defensa de toda la cartera internacional.
Sefin permite identificar al menos L5.4 millones directamente vinculados con las obligaciones del caso Overseas Real Estate, pero las demás partidas presupuestarias de la PGR atienden un universo más amplio de procesos y no deben contabilizarse íntegramente como gastos CIADI.
Por ello, el próximo paso para obtener una radiografía definitiva pasa por contar con un inventario actualizado de la PGR que detalle caso, monto reclamado, etapa procesal, firma jurídica contratada, pagos realizados y contingencia fiscal estimada.
Mientras tanto, la evidencia disponible muestra una cartera en transformación.
Honduras regresa al CIADI con demandas importantes aún en trámite, pero también con expedientes cerrados, reclamaciones reducidas y una estrategia oficial que combina defensa, prevención y búsqueda de conciliaciones cuando resulte conveniente.
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