Villanueva dijo que se trata de 10 medidas claves en la primera etapa de la emergencia declarada en el sistema penitenciario hondureño, después que el 8 de abril de 2023 se registrarán cuatro enfrentamientos simultáneos en igual número de cárceles del país.

La funcionaria aseguró que la comisión interventora trabajará duramente, con respeto a los derechos humanos de los privados de libertad, para que los recintos carcelarios del país "no sean escuelas del crimen".

Estas son las primeras medidas que tomará la interventora de las cárceles hondureñas:

  • Desarme real a través de registros manuales y electrónicos permanentes en el 100 por ciento de las instalaciones físicas.
  • Bloqueo total de la señal telefónica para los detenidos e intervención autorizada de las líneas oficiales de las comunicaciones internas y externas.
  • Remoción y depuración del personal penitenciarios y de los policías en todas las cárceles, iniciando con una evaluación profesional y exhaustiva inmediata los directores de los recintos penitenciarios, iniciando con Támara, La Tolva, El Pozo, y El Porvenir.
  • Instalación de emergencia y desarrollo tecnológico del sistema de monitoreo y vigilancia electrónica con control central las 24 horas del día.
  • Traslado y reubicación de los privados de libertad de los propios centros penitenciarios con mayor concentración y considerando la gravedad de los crímenes, acusados, el estado del proceso localizados en El Pozo, La Tolva, Támara y Morocelí.
  • Reclasificar y aislar a los privados de libertad con vinculación a la criminalidad organizada, maras y pandillas, tráfico de drogas y de armas.
  • Revisar expedientes administrativos de los presos con enfermedades terminales, en proceso de preliberación y otras condiciones. Evaluarán condiciones jurídicas para otorgar indultos a casos de menores y otros.
  • Evaluar y practicar pruebas de confianza al recurso humano policial y civil que integran las cárceles.
  • Aumentar número de agentes penitenciarios y policías, y les dotarán de equipo de comunicación, tecnología, uniformes, capacitación y revisión de salarios.
  • Crear un banco de datos de privados de libertad para asegurar el registro de su identidad, en base a ciencia

    • Previo a presentar este decálogo de acciones, Julissa Villanueva hizo una radiografía de cómo se encuentran actualmente los 26 centros penitenciarios.

    Recuperar gobernanza

    La subsecretaria de Seguridad indicó que las cárceles del país están actualmente "manejadas al antojo de criminales", por lo que buscarán que el Estado vuelva a tomar la gobernanza de las mismas.

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    Además reiteró que los 25 presidios están en hacinamiento. En la actualidad, guardan prisión 19,966 personas pese a que su capacidad es de 15 mil.

    "No voy a confrontar a ningún privado de libertad, voy a confrontar la corrupción y el delito", aseguró la funcionaria hondureña.

    A su vez, Villanueva anunció que Honduras copiará modelos para el manejo de cárceles implementados en otros países, "y los ajustaremos a la realidad nacional".

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    De igual manera, la comisión interventora trabajará con programas de reinserción de menores infractores, unos 1,100 que están actualmente presos, según declaró Villanueva.

    Emergencia carcelaria

    El Gobierno, dirigido por la presidenta Xiomara Castro, decretó un estado de emergencia en las cárceles a raíz de acciones violentas que se registraron de forma simultánea en cuatro presidios del país, y que dejaron un muerto y 11 heridos.

    Las reyertas, según autoridades penitenciarias, fueron originadas entre miembros de la Mara Salvatrucha MS-13 y de la pandilla Barrio 18, debido a medidas tomadas contra esas estructuras.

    Los hechos violentos se registraron en la cárcel El Pozo de Ilama, Santa Bárbara (occidente); en La Tolva, de Morocelí, El Paraíso (oriente), en Támara, Tegucigalpa; y en Siria de El Porvenir, estas dos últimas en Francisco Morazán (centro).

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