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El cardenal Óscar Andrés Rodríguez, reiteró este lunes el llamado al Congreso Nacional para que resuelva el tema de legalidad de su Junta Directiva, para evitar consecuencias legales ante las decisiones que se toman en ese poder, más cuando se acerca la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2023-2030.
Rodríguez instó a los diputados hondureños a sentarse a dialogar y llegar a consensos respecto a desavenencias que existen desde enero de 2022 sobre la legalización de la directiva del Poder Legislativo.
"Es un problema grave y ojalá que lo puedan enfrentar", dijo Rodríguez al comparar el tema de la legalidad del Congreso con una enfermedad "que debe ser sanada".
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"¿Qué pasa cuando hay un diagnóstico de una enfermedad, cuando un médico dice esto y esto, y el camino de la sanación es una terapia adecuada?", preguntó.
Al respecto, sugirió que si existe "esa enfermedad en nuestro Congreso lo más racional es (saber) cómo podemos curar esta situación anómala, pero hay que hacerlo, por favor".
El líder de la Iglesia católica hondureña advirtió al Congreso Nacional que si siguen sin resolver el problema de legalidad de la Junta Directiva "puede venir un cuestionamiento conforme a la ley y conforme a la Constitución que haga caer muchas cosas".
"Ojalá (que los diputados) tengan el valor, la claridad de mente y el deseo en la voluntad de sanar esa situación", acotó.
Con esto, el cardenal se unió al llamado de diversos sectores del país para que el Congreso legalice la Junta Directiva, para que los decretos ya aprobados y los que tengan que aprobarse tengan fundamento legal, al igual que las elecciones de autoridades de instituciones que hace el Legislativo, la más cercana en este caso, de la CSJ, el próximo 25 de enero.
El Congreso deberá elegir a 15 magistrados de la CSJ de un listado de 45 candidatos que enviará el 23 de enero la Junta Nominadora al culminar el proceso de selección de postulantes mejor calificados.
Elección de Junta Directiva del Congreso
El 25 de enero de 2022 se originó una confrontación política por la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional, cuando dos diputados se disputaban la presidencia: Jorge Cálix, del partido que gobierna (Libre) y Luis Redondo (Partido Salvador de Honduras (PSH).
Redondo, que cuenta con el apoyo del Ejecutivo, luego de una alianza de hecho en las elecciones generales entre su partido y el gobernante Libertad y Refundación ( Libre), fue elegido por diputados de ese instituto y otros, pero no fue juramentado por el ministro de Gobernación, como manda la ley.
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La alianza consistió en que el PSH apoyaría la candidatura presidencial de Xiomara Castro, de Libre, en las elecciones generales de 2022 y si ganaban, un diputado del nobel instituto sería respaldado para que ocupara la presidencia del Congreso.
La selección de Redondo fue hecha en la sede del Legislativo, a donde no pudieron llegar parlamentarios que apoyaban a Cálix- incluyendo una disidencia de Libre-porque una turba de simpatizantes del partido les impidieron el paso.
Por tan razón, estos legisladores se trasladaron a las afueras de la capital para elegir a Cálix, quien sí cumplió la formalidad de rendir promesa ante el ministro de Gobernación.
Esta situación generó una crisis política debido a que habían dos juntas directivas paralelas, que tuvo su fin luego de que Cálix decidiera no seguir reclamando la presidencia del Congreso, como parte de un acuerdo político con la dirigencia de Libre.
Algunos analistas coinciden en que las decisiones de la Junta Directiva son ilegales, por lo que las decisiones que tome podrían ser impugnadas.
La bancada nacionalista ha propuesto realizar una nueva sesión para realizar la elección de Redondo, pero este lo rechaza.
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