En el proyecto de Ley de Justicia Tributaria con el que el Gobierno busca eliminar la exoneraciones fiscales "nos parece que hay miopía o hay resentimiento, no entendemos cuál de los dos es, pero esperamos que sea miopía y sea rectificado", dijo el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).

"Hemos visto en mucho de la redacción de esta ley que se hace alusión a muchos de los errores que se cometieron en gobiernos pasados", expresó Eduardo Facussé cuando la prensa le preguntó si se refería a resentimiento del partido Libre por los hechos políticos de 2009, cuando se derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya Rosales.

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Seguido agregó que "yo creo que en algunas ocasiones es justo mencionarlos (los errores pasados), pero para efectos de planificar hacia qué régimen vamos a operar en el futuro, sí tenemos que ser objetivos".

CCIC en contra de reformas fiscales

El sector empresarial organizado de la zona norte se pronunció en contra de que el Gobierno, a través del Servicio de Administración de Rentas (SAR), pretenda eliminar 16 de los 18 regímenes de exoneraciones y otros beneficios fiscales que gozan algunos rubros económicos.

"El proyecto denominado ¨Ley de Justicia Tributaria, como está planteado, traería un franco deterioro al desarrollo de Honduras", dice el pronunciamiento de la CCIC.

No obstante, la CCIC destacó que la iniciativa de ley tiene "avances en materia de transparencia y colaboración, para evitar la evasión fiscal, como lo son la ratificación de la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC)".

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Además, contempla la figura del beneficiario final y su registro, elimina acciones al portador en el Código del Comercio, vuelve al concepto de renta mundial, y la eliminación del secreto bancario para fines tributarios.

Cambios necesarios

En ese sentido, el presidente de la CCIC, Eduardo Facussé, se mostró a favor de hacer algunos cambios tributarios, pero no derogar en su totalidad los incentivos, porque "no todos son malos".

"Las exoneraciones que acarrean más costos que beneficios, hay que revisarlas modificarlas o derogarlas, pero no podemos generalizar como se pretende hacer, eliminando todo", expresó Facussé.

Además, el sector privado cuestionó que un nuevo régimen propuesto de Zonas Francas "es discriminatorio, ya que limita a que sea únicamente para capital en su mayoría de origen extranjero, dejando al inversionista local en desventaja evidente".

La CCIC espera que el Gobierno dirigido por la presidenta Xiomara Castro tome en cuanta las consideraciones de la empresa privada, en las que no se apruebe el proyecto de ley tal como está concebido porque "no busca eficiencia en la utilización de recursos ni busca bienestar para el pueblo" y "traerá más pobreza en lugar de mayor pluralidad de la riqueza".

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