Un juez penal con competencia nacional en materia de corrupción dictó este martes en audiencia inicial sobreseimiento a favor del exvicemiministro de Salud, Nery Cerrato y auto de formal procesamiento contra el extitular de Copeco, Luis Rubí, por el caso de la supuesta compra fraudulenta de un hospital móvil para pacientes con covid-19 en Villanueva, Cortés, norte de Honduras.

Cerrato fue acusado falsificación de documentos públicos, pero el letrado consideró que no había elementos en su contra y lo liberó de responsabilidad, indicó el Poder Judicial en sus redes sociales.

En el caso de Rubí, el auto de formal procesamiento fue por de violación de los deberes de los funcionarios, pero también lo sobreseyó por fraude.

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Caso "carpa móvil"

Según el requerimiento fiscal, Rubí y Cerrato aprobaron, en 2020, la compra de una sala de aislamiento móvil por 5 millones 560 mil 278 lempiras mediante una compra directa, que según la Fiscalía, la unidad estaba defectuosa, un caso conocido como "carpas móviles".

El juez explicó que los exfuncionarios estaban facultados para sugerir la compra de la carpa móvil siendo integrantes del comité técnico científico del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager), instalado en el marco de la pandemia del covid.

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De esa manera, el juez competente indicó que no se logró un acuerdo de colusión entre Rubí, exministro de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales (Copeco) y la representación de la empresa proveedora de la carpa DLX Enterprises LLC, por lo que no se acredita los tipos penales del delito de fraude para el exfuncionario.

Caso "Triaje en El Tórax"

El excomidionado de Copeco cuenta también con un proceso abierto por fraude y violación a los deberes de los funcionarios por el caso "Triaje en El Tórax".

El Ministerio Público acusa al exfuncionario de Copeco por actuar supuestamente de manera fraudulenta en la construcción de un centro de triaje en el Instituto Cardiopulmonar, más conocido como hospital de El Tórax, en TegucigalpaFrancisco Morazán.

Para construir el triaje se firmó un contrato por 4 millones de lempiras con una empresa constructora, pero la obra, que quedó inconclusa, fue sobrevalorada por 1.5 millones de lempiras, según la investigación del Ministerio Público.

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