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La socióloga hondureña indicó que las autoridades de Seguridad no han implementado otras medidas que habían anunciado, en el marco del estado de excepción que comenzó en diciembre de 2022, y que se ha extendido por dos ocasiones en más de un centenar de municipios del país.
Para el caso, Castellanos mencionó que no se ha concretado el control en la venta de tarjetas SIM o chips para celulares, y otros mecanismos que según las autoridades, usan miembros de estructuras criminales para cometer delitos como la extorsión.
"Uno se pregunta si las autoridades que actuaban bajo estado de excepción, son las que van a actuar o las que deberían de actuar en condiciones del Estado de derecho", expuso.
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Para Julieta Castellanos, las acciones para frenar la violencia criminal y otros delitos como la extorsión deberían hacerse bajo las normas establecidas, y no bajo un estado de excepción.
Atención estructural
Y manifestó también que las denuncias por extorsión y otras que se siguen dando en el país requieren de un enfoque estructural con el funcionamiento sistemático de las instituciones.
Además, insistió que debe de existir una investigación efectiva en casos criminales, como las masacres.
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En ese sentido, Julieta Castellanos dijo que en caso que las autoridades de la Secretaría de Seguridad planteen que el estado de excepción no está dando los resultados esperados, deben de hacer otras propuestas para poder actuar.
"Ellos (Secretaría de Seguridad) tienen profesionales en diferentes ámbitos y tendrían que hacer los planteamientos que necesitan y, si no los tienen, tendrían que estarse retroalimentando" de la experiencia de otros países, puntualizó.
Vigencia del estado de excepción
El estado de excepción inició el 6 de diciembre de 2022 y más de un centenar de barrios, colonias y aldeas conflictivas de Tegucigalpa y San Pedro Sula, la zona centro y norte de Honduras, respectivamente.
La medida, con la cual se ejecutan órdenes de capturas, patrullajes y otras medidas de seguridad concluyó el 6 de enero de 2023, y el Congreso Nacional la ha extendido en dos ocasiones.
La segunda prórroga del estado de excepción se amplió hasta el 6 de abril de 2023 y se aplica en 123 de los 298 municipios de Honduras.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) instó en febrero a Honduras a evitar "el uso prolongado" del estado de excepción y abogó por una política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos.
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