"Hay que cuidar la integridad de esta muchacha porque es el punto clave de acuerdo a las investigaciones de quiénes son las otras personas que estaban involucradas. El Estado está obligado de darle toda la protección de vida", dijo Duarte en el noticiero Diario Matutino de radio HRN.

Además, Duarte abogó por que la fiscal detenida el jueves 29 de noviembre en San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras, sea testigo protegido en el caso para llegar al fondo de la investigación.

En este caso, incluso se pudo aplicar la figura del colaborador eficaz "porque nos llevaría a la última persona que está involucrada en este acto porque me parece que ella sola no pudo haber participado" en el retiro de los 63 millones de lempiras; sin embargo en Honduras está pendiente la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz.

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A Medina se le acusará de lavado de activos, abuso de autoridad y sustracción, destrucción, ocultación o inutilización de documentos en custodia, según informó el Ministerio Público.

Irregularidades en el proceso

Marlon Duarte explicó en radio HRN el proceso que se debe de efectuar cuando las autoridades hondureñas incautan bienes y sobre quién debe administrar esos bienes que se convierten en una evidencia de un determinado caso.

Duarte dijo que cuando la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) levanta una evidencia monetaria, la señala en un requerimiento fiscal, la pone en conocimiento de un juez competente, se abre una cuenta bancaria donde estará el dinero y se envía oficios a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

"Desde hace años, todo lo que es evidencia monetaria se deposita en una cuenta de la OABI y es esta Oficina que administra cualquier tipo de valor en la moneda que sea, esta práctica viene desde antes de que la OABI pasara al Poder Ejecutivo", dijo Duarte.

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En ese sentido, Marlon Duarte indicó que los 63 millones de lempiras del caso que imputan a la fiscal Francia Medina debieron estar bajo la administración de la OABI y no de la Fescco.

Para Duarte, los 63 millones de lempiras correponden a un solo caso de lavado de activos por lo que si se ordenaba su retiro del Banco Central no debía hacerse en varias transacciones, como según el Ministerio Público fue lo que hizo la fiscal Francia Medina.

"Habría que ver ¿desde cuándo estaba el dinero en el Banco Central, cuál es la manera en qué llegó ahí, quién abrió la cuenta, quién era la firma autorizada para retirarlo, quién era el oficial de crédito del banco que atendía a la muchacha?", explicó.

¿Destituciones?

Además, Marlon Duarte es del criterio que el Ministerio Público deberá rodar cabezas de la Fescco en San Pedro Sula y Tegucigalpa, porque si Medina podía retirar dinero de evidencia es porque alguien le dio autorización.

"Hay que investigar ¿qué pasó con este dinero?, ¿por qué se quedó en el Banco Central?, ¿por qué ella tenía firma autorizada si no es la titular de la Fescco en la zona norte?, ¿quién es el que la autorizó a ella para ir a sacar ese dinero?, ¿qué funcionario del BCH permitió que sacaran esas grandes cantidades?, y ¿por qué si ella hacía estos grandes gastos el sistema bancario no alertó sobre las transacciones atípicas?", agregó.

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"En este caso hay mucha tela qué cortar", dijo el abogado penalista, refiriendo también porque las autoridades de la Fescco no detectaron el estilo de vida de la fiscal Francia Medina, quien ostentaba de lujosos bienes que por su valor no son acordes al sueldo de un fiscal.

"Yo conozco a muchos fiscales del Ministerio Público que tienen más de 30 años de estar trabajando y andan en el mismo carro porque el sueldo no les ajusta para comprar uno nuevo, y viven en viviendas que compraron en colonias acordes a su salario", ejemplificó Duarte.

También se preguntó "¿cómo es posible que el jefe de la Fiscalía no se haya dado cuenta del modus vivendi de la persona que tiene como súbdita?; y veo raro que el Banco Central de Honduras no va a preguntar a alguien si la evidencia es de un solo caso por qué va a retirar dólar por dólar".

De esa manera, la investigación debe ser también sobre dónde cambiaba los dólares la fiscal Francia Medina, si los depositaba en su cuenta o a un tercero, averiguar quién le pagaba los viajes, tarjetas de crédito "para llegar a determinar quiénes más están participando en esto", sostuvo el abogado hondureño.

Petición al BCH

El Ministerio Público señaló al Banco Central de Honduras (BCH) por entregar dinero "sin seguir los procedimientos" a la exfiscal Francia Sofía Medina, y le pidió a las autoridades que expliquen los mecanismos administrativos utilizados para estas devoluciones, "ya que la fiscal no tenía las autorizaciones necesarias".

En respuesta, el BCH afirmó que, "conforme a la normativa interna establecida, devuelve los depósitos de garantía una vez que las fiscalías del MP los solicitan, suscribiendo un acta de entrega de valores debidamente firmada", citando el artículo 56 de la Ley del Banco Central de Honduras.

En respuesta, el BCH afirmó que, "conforme a la normativa interna establecida, devuelve los depósitos de garantía una vez que las fiscalías del MP los solicitan, suscribiendo un acta de entrega de valores debidamente firmada", citando el artículo 56 de la Ley del Banco Central de Honduras.

La institución financiera aseguró contar con la documentación de respaldo de todos los depósitos y retiros en garantía solicitados por las fiscalías autorizadas por el Ministerio Público, proporcionando información a las autoridades a través de la sucursal de San Pedro Sula.

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