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El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseguró este martes que el Fondo Departamental ya no existe en Honduras, pero que los diputados podrán ser gestores de proyectos en los departamentos de donde son originarios.
"Los diputados no están manejando fondos, no se está maquillando nada, todos los diputados seguirán siendo gestores de proyectos como lo han venido haciendo, pero ninguno va a sacar dinero, se los puedo garantizar", dijo Redondo.
Según trascendió en las últimas horas, el Congreso hondureño reactivaría el polémico Fondo Departamental, mediante el cual en el pasado se le asignaba dinero a los legisladores para ejecutar proyectos y programas comunitarios, situación que involucró a algunos en actos de corrupción.
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Supuestamente los diputados propietarios recibirían un millón de lempiras, mientras que los suplentes 500 mil lempiras, pero, según Redondo, las peticiones de los parlamentarios es ser gestores de proyectos, para lo cual se creará un Fondo Social.
El diputado Luis Redondo afirmó a su vez que presentó el proyecto para derogar la controversial Ley Especial del Fondo Social Departamental porque "se ha prestado para la corrupción".
De esa manera, Redondo explicó que los "padres de la Patria" deberán presentar qué proyecto desean realizar en su departamento y el pleno del Congreso los someterá a discusión y aprobación.
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Además, dijo Redondo "todo lo que se realice en esta Legislatura será puesto en conocimiento del pueblo".
Controversial Fondo Departamental
El Congreso anterior reformó en 2019 su Ley Orgánica para introducir el artículo 81-A que crea la Ley Especial del Fondo Departamental y dispuso que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) investigara el manejo de los recursos asignados a los congresistas, otros funcionarios y ONG's que recibieran fondos públicos, quitándole la facultad al Ministerio Público.
{"url":"https:\/\/youtu.be\/gHx2a9BNk_4","type":"video","providerNameSlug":"youtube","className":"wp-embed-aspect-4-3 wp-has-aspect-ratio"} -->El mismo Legislativo aprobó el 20 de enero de 2022 la extensión por un periodo de 4 años adicionales para que el TSC auditara el uso de fondos públicos otorgados a funcionarios, diputados y ONG's.
Pero el Congreso actual devolvió las facultades investigativas a la Fiscalía hondureña y pidió al TSC que remitiera los expedientes sobre la liquidación de los fondos públicos destinados para proyectos o programas de beneficio social.
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