El Juzgado Penal en Materia de Corrupción decretó el lunes (08.11.2021) la apertura a juicio oral y público a la causa contra el hondureño Fernando Suárez, acusado por delitos de corrupción en el caso denominado "Pandora".

El Ministerio Público solicitó al juzgado elevar a juicio el caso de Fernando Suárez, por suponerlo responsable de 12 delitos de fraude, 85 delitos de malversación de caudales públicos y tres delitos de uso de documentos públicos falsos.

Suárez, por medio de su representación legal, pidió someterse a un procedimiento abreviado, pero la Fiscalía rechazó dicha solicitud.

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El acusado se entregó voluntariamente con la intención de colaborar con la justicia hondureña ante el sonado caso Pandora, presentado en junio de 2018 por las extintas Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (Uferco), hoy Ufecic, y la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (Maccih).

La acusación incluyó a 38 hondureños, entre funcionarios, diputados y exdiputados del Congreso Nacional, pero la mayoría de los imputados fueron sobreseídos.

Por esta causa solo enfrentan juicio el exsecretario de Agricultura y Ganadería, Jacobo Regalado, por ocho delitos por fraude, seis de malversación de caudales públicos y ocho por violación a los deberes de los funcionarios.

Además, las señoras Norma Kaffy Montes y Laura Arita acusadas de ocho delitos de fraude. Y el señor Fernando Suárez.

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Caso Pandora

El caso Pandora relaciona el supuesto desvío de 208 millones de lempiras de la Secretaría de Seguridad (SAG) y Secretaría de Finanzas, destinados a proyectos agropecuarios, agroindustriales, hortícolas, a favor de madres jóvenes y, para fortalecer políticas agroalimentarias en varios departamentos de Honduras, para financiar campañas políticas de 2013.

Los recursos supuestamente iban a ser manejados por las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista (de las que Fernando Suárez era representante) y habrían sido depositados en cuentas de particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores del Partido Nacional (PN), Partido Frente Amplio (Faper) y Partido Liberal (PL).

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Según la investigación, el monto de 282 millones 016 mil 175 lempiras habría sido destinado a financiar campañas políticas en 2013 y otros gastos personales de los implicados.

Parte de los fondos se habrían utilizado para financiar la “tarjeta cachureca” se entregaron recursos a coordinadores de campaña del Partido Nacional para el día E (elecciones del 24 de noviembre de 2013), se compraron dos oficinas en el edificio Metrópolis y se pagaron préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) por un valor de 99 millones 030 mil lempiras, señaló la Fiscalía del Estado.

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