El operativo en el centro penitenciario considerado de máxima seguridad es liderado por la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, en el marco de la emergencia declarada por el Gobierno por los conflictos violentos registrados en varias cárceles del país.

"El desarme, bloqueos de comunicación y otras estrategias comenzaron ya", anunció en Twitter la subsecretaria de Seguridad y presidenta de la Comisión Interventora del INP, Julissa Villanueva.

Las acciones cuentan con el apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras.

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Villanueva había anunciado que el desarme de los reclusos es una de las primeras 10 medidas que implementarán con el objetivo de recuperar la gobernanza de los centros penitenciarios.

Intervención penitenciaria

La intervención carcelaria fue ordenada en abril de 2023 por la presidenta Xiomara Castro, después que se registraran hechos violentos simultáneos en cuatro cárceles de máxima seguridad, provocados, según autoridades penitenciarias, entre miembros de la Mara Salvatrucha, MS-13 y de la pandilla Barrio 18.

Los actos de violencia, con un saldo de un muerto y más de 12 heridos se reportaron el 8 de abril en la cárcel de El Pozo, de Ilama Santa Bárbara (occidente); en La Tolva, de Morocelí, El Paraíso (oriente); en Siria, de El Porvenir, y en Támara, Francisco Morazán.

Desde entonces se han venido suscitando otras reyertas entre miembros de las estructuras criminales en los mismos recintos carcelarios.

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Las autoridades de Seguridad han manifestado que las cárceles del país están actualmente "manejadas al antojo de criminales", por lo que con una serie de estrategias esperan retomar la gobernanza de las mismas.

Primeras acciones a ejecutar en los presidios, anunciadas por Seguridad

1. Desarme real a través de registros manuales y electrónicos permanentes en el 100 por ciento de las instalaciones físicas.
2. Bloqueo total de la señal telefónica para los detenidos e intervención autorizada de las líneas oficiales de las comunicaciones internas y externas.
3. Remoción y depuración del personal penitenciario y de los policías en todas las cárceles, iniciando con una evaluación profesional y exhaustiva inmediata los directores de los recintos penitenciarios, iniciando con Támara, La Tolva, El Pozo, y El Porvenir.
4. Instalación de emergencia y desarrollo tecnológico del sistema de monitoreo y vigilancia electrónica con control central las 24 horas del día.
5. Traslado y reubicación de los privados de libertad de los propios centros penitenciarios con mayor concentración y considerando la gravedad de los crímenes, acusados, el estado del proceso localizados en El Pozo, La Tolva, Támara y Morocelí.
6. Reclasificar y aislar a los privados de libertad con vinculación a la criminalidad organizada, maras y pandillas, tráfico de drogas y de armas.
7. Revisar expedientes administrativos de los presos con enfermedades terminales, en proceso de preliberación y otras condiciones. Evaluarán condiciones jurídicas para otorgar indultos a casos de menores y otros.
8. Evaluar y practicar pruebas de confianza al recurso humano policial y civil que integran las cárceles.
9. Aumentar número de agentes penitenciarios y policías, y les dotarán de equipo de comunicación, tecnología, uniformes, capacitación y revisión de salarios.
10. Crear un banco de datos de privados de libertad para asegurar el registro de su identidad, en base a ciencia.

Hacinamiento en presidios

Honduras cuenta con 26 cárceles y en las mismas impera la sobrepoblación y el hacinamiento, según las autoridades. En la actualidad, guardan prisión cerca de 20 mil personas pese a que su capacidad es de 15 mil.

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