"Estamos trabajando fuerte, en realidad, la extorsión y los homicidios están presentes, pero han disminuido, lo que pasa es que debe ser una lucha y una estrategia sostenida a través del tiempo para ir mejorando esos niveles de conflictividad y la ola de criminalidad que tenemos", dijo Sánchez en Diario Matutino de radio HRN.
Sánchez refirió que producto de los operativos que se desarrollan a nivel nacional -en el marco del estado de excepción- a diario se reportan capturas de miembros de bandas criminales, decomisándoles armas y dinero, pero indicó que el delito de la extorsión tiene más de una década en Honduras.
El sector transporte es uno de los más afectados por la extorsión que les exigen diferentes grupos organizados que, al no tener respuesta del pago que exigen, atentan y matan a conductores y ayudantes de buses o queman las unidades, como el caso que se registró el jueves en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa, capital de Honduras.
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La quema de la unidad de transporte está también relacionada con las acciones que están haciendo las autoridades contra la criminalidad y violencia, dijo el comisionado Gustavo Sánchez.
"Creemos que está relacionado con las operaciones que hemos venido realizando, específicamente con la última en la que se decomisó un lanzacohetes", expresó Sánchez.
El lanzacohetes ruso y otros artefactos explosivos fue decomisado durante un allanamiento de viviendas en Ciudad España, a unos 36 kilómetros al noroeste de la capital Tegucigalpa.
Lucro por extorsión
"Estos grupos criminales se han estado lucrando a través de los años de este flagelo (extorsión) y no quieren renunciar a sus prebendas, a sus beneficios de este ilícito criminal y por lo tanto responden de esa forma ante el asedio de las instituciones del Estado, en este caso, la Policía Nacional", agregó Sánchez.
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En octubre de 2022, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) indicó que 498 personas vinculadas al sector transporte fueron asesinadas entre 2018 a 2022, por no pagar la extorsión. En lo que va del presente año, las muertes superan una veintena.
Medidas de seguridad
A su vez, Sánchez dijo que las medidas de prevención, disuasión y control de delitos continuarán en el país, pero no hay capacidad para asignar a un efectivo de seguridad en cada bus urbano o interurbano por el impacto económico que representa.
No obstante, afirmó que hay efectivos que acompañan en diferentes terminales de autobuses a nivel nacional.
"La intención es manejar una crisis para que los transportistas no sigan pagando a estos grupos criminales", sostuvo Gustavo Sánchez.
Asimismo, Sánchez aseguró que se están realizando operativos para controlar la venta de chips o números para teléfonos celulares a través de acciones conjuntas con compañías telefónicas y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
"El éxito que vamos a tener (contra la extorsión) va a a depender mucho de la sostenibilidad de estas operaciones que estamos realizando", expresó.
Transportistas buscarán alternativas
El empresario del transporte Jorge Lanza, indicó que HRN que están buscando alternativas que contribuyan a disuadir las bandas que se dedican al cobro del impuesto de guerra.
Lanza calificó el estado de excepción que está en el país desde diciembre de 2022 y que se ha ampliado hasta el 21 de mayo, como "positivo", pero pidió a las autoridades competentes a que tengan más voluntad para combatir la extorsión.
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El transportista reconoció a su vez que la Policía hondureña no cuenta con los recursos suficientes para enfrentar las redes de extorsión.
Pago de extorsión
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reveló en un informe que presentó a finales de 2022, que en Honduras se paga 18 millones de lempiras anuales en extorsión, lo que representa casi el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y al 15 por ciento de la recaudación fiscal anual.
De acuerdo con la ASJ, anualmente más de 847 mil hondureños son víctimas de extorsión, es decir, el 9 por ciento de los hogares en el país.
En promedio, un afectado por este flagelo paga 87 mil 400 lempiras al crimen organizado cada 12 meses.
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