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El vicepresidente del Congreso Nacional de Honduras, Hugo Rolando Noé Pino, expuso este viernes en radio HRN los problemas de última hora que impidieron la aprobación del proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2023.
"Un elemento que está casi en la mente de todo mundo es la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia, esta situación hace que los partidos políticos de oposición miren mucho de sus votaciones en función de lo que se va a dar en el mes de enero, y esto ha hecho más difícil los acuerdos alrededor del presupuesto", dijo Noé Pino.
Otra situación es que, según Noé Pino, los diputados de oposición insisten en que dentro del proyecto presupuestario nacional hay una partida confidencial para el Poder Ejecutivo.
"Lo que ha sucedido es que hay argumentos más de naturaleza política, como seguir insistiendo que hay una partida confidencial, cuando no la hay", indicó el congresista por el partido Libertad y Refundación (Libre) en el poder.
Hugo Noé Pino aseguró que sí existe una partida que se llama "servicios financieros de la administración central" por un monto de 17 mil millones de lempiras, de los que el 50 por ciento se contempla un aumento al salario de los trabajadores del sector público y docentes.
También se contempla fondos para contingencias del país y para pagar deudas de los fideicomisos que se derogaron y que oscilan entre 6 a 7 mil millones de lempiras, aseguró el parlamentario.
Demandas de partidos políticos de oposición
El vicepresidente del Poder Legislativo refirió que algunas peticiones de los partidos políticos evitó que se aprobara en diciembre el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2023.
Al respecto, el Partido Liberal presentó a última hora nuevas demandas en el proyecto presupuestario nacional que "afectarán" los recursos estimados para el ejercicio fiscal del próximo año, según Noé Pino.
En ese sentido, el diputado liberal, José Alfredo Saavedra, dijo que pidieron al Congreso una modificación al porcentaje de las transferencias del Estado a las 298 municipalidades de Honduras.
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Saavedra refirió que la ley establece que las alcaldías deben de recibir un 11 por ciento de fondos estatales, pero solo se les reconoce un 5.3 por ciento, por lo que el Partido Liberal pidió establecer un 9 por ciento.
Tras acuerdos, dijo Saavedra, se acordó entregar un 7 por ciento a las municipalidades, pero luego el Congreso dijo que "era imposible".
Peticiones del PSH
El Partido Salvador de Honduras (PSH) solicitó varias modificaciones al proyecto presupuestario de Honduras para 2023, algunas se aceptaron y otras no, agregó el legislador.
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"A última hora aparecieron peticiones que impidieron lograr acuerdos, solicitudes como etiquetar recursos del presupuesto para ayudar a la Uferco y señalamos que no se podía hacer directamente" porque esta instancia depende del Ministerio Público y este órgano tiene su partida presupuestaria, sostuvo Noé Pino.
Del lado del Partido Nacional "se sabía que hay una oposición independientemente de las características del proyecto del presupuesto", indicó el diputado Hugo Noé Pino.
El congresista aseguró que en los próximos días se van a intensificar los diálogos entre bancadas políticas a fin de llegar a acuerdos que permitan aprobar en enero de 2023 el Presupuesto de Honduras.
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