"La verdad es que respeto las posiciones, la única evidencia es cuando las personas no saben, entiendo, ella -Julieta Castellanos- únicamente es una socióloga, no es abogada, desconoce completamente de normativas", declaró Fernández a la radio HRN.

Seguidamente, el profesional del derecho agregó que "yo no respondo a ningún interés político de ningún partido político, no soy empleado de ningún espacio de la administración pública solo en la UNAH, no es ningún mandado, sino una propuesta académica (...) yo no le hago mandados a nadie, porque suficientemente grande estoy para actuar por sí solo".

Salir del anonimato

El coordinador de la maestría de Derecho Penal de la UNAH aseguró que Castellanos con este tipo de declaraciones lo que "quiere salir del anonimato", en donde realmente "anda buscando una posición política" para "poder ser llamada a diferentes partes".

Añadió que respeta cualquier derecho de opinión y la libre emisión del pensamiento es posible y es permitida. Sin embargo, señaló que este tipo de temas deben de rebatirse lo académico con lo académico,

"Nada académico se ha rebatido en este caso, únicamente se ha establecido una postura más política a la que nosotros no podemos entrar", expresó el exintegrante del CNA.

"Yo podría decirle que eso es completamente falso -que sea un mandadero-, no obstante, debo de mencionar el artículo 160 de la Constitución que es bastante claro, desde la UNAH nosotros debemos de generar academia.

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Aclaró que dicho anteproyecto de la Ley de Extradición no es que se mandó ayer al Congreso Nacional o que se creo en una semana, Fernández, afirmó que dicho documento se trabajó con académicos y se envió desde el año pasado al Legislativo hondureño.

"Lo que pasa es que han querido generar suspicacia y duda respecto al documento, cuando evidencian ignorancia, la Maestría no tiene iniciativa de ley. Nosotros hemos presentado un documento académico que puede ser valorado, descartado, modificado o rechazado, lo que decida el CN, porque los que aprueban la ley son los diputados del Congreso en tres debates", explicó.

Finalmente, retó a cualquier persona a que discutan el anteproyecto de Ley de Extradición que envió la UNAH al CN, pero desde una perspectiva académica y no política.

"Invito a quien mencionó que yo soy un mandadero a que me rebata, pero científica y jurídicamente que me diga cuales son las trabas (...) es mentira que se limita la extradición, al contrario, la empujamos mucho más rápido y lo elevamos a un rango de ley", puntualizó.

Origen del debate

Los dimes y diretes entre Fernández y Castellanos comenzó luego que esta última tildara la semana pasada de "mandadero" al exjefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) por haber enviado al Congreso Nacional (CN) una propuesta de Ley de Extradición.

"Sorprende que un director de una maestría se dirija directamente al presidente del Congreso Nacional cuando la voz oficial no la tiene un director de maestría. En las universidades nunca reaccionan tan rápido, y me he quedado sorprendida que en una semana la tenga (la propuesta de Ley de Extradición)", expresó en un principio Castellanos.

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Además, Castellanos agregó que "si se está hablando en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del tema de extradición es porque es el mandado que le han dado a la presidenta del Poder Judicial, porque ella viene del núcleo de la familia Zelaya, están emparentados".

Es por eso, que según insistió Castellanos, que se le pidió a la UNAH que presentara el anteproyecto de la ley de extradición "y Odir Fernández penosamente se presta para ser de mandadero".

Anteproyecto

El pasado 2 de marzo la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal de la UNAH, que coordina Fernández, presentó al Congreso Nacional una propuesta de Ley de Extradición.

El documento, que consta de 35 artículos, reemplazaría el auto acordado que aprobó el Poder Judicial para regular la extradición.

Entre los puntos principales de la propuestas están los casos en que no procedería la extradición, por ejemplo, cuando el delito por el país requirente pide a un hondureño se haya cometido también contra el Estado de Honduras.

De igual modo, cuando la persona requerida esté siendo juzgada o cumpliendo condena por el mismo delito dentro de Honduras o cuando la persona ya haya sido absuelta.

Tampoco cuando el hecho imputado no fuere delito según la ley penal hondureña.

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También habrá una excepción cuando el delito sea político o conexo con el delito común, según la ley del Estado Requerido, o se trate de un delito de orden militar.

Otro punto por el cual no podrá proceder la extradición será cuando los delitos por los cuales se solicita la extradición fueren sancionados con la pena de muerte o penas corporales.

Entre otros puntos que abarca el anteproyecto de ley figura cómo se desarrollarán las audiencias y los documentos requeridos que deberá presentar el Estado requirente ante el Poder Judicial hondureño.

Para aprobar la Ley de Extradición bastan 65 votos (mayoría simple) de los 128 diputados propietarios del Congreso Nacional.

Aquí el anteproyecto íntegro:

Extradición en Honduras

La Constitución de la República, en el artículo 102, permite la extradición de hondureños en casos de narcotráfico, terrorismo o crimen organizado. Mientras el auto acordado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) establece el procedimiento a llevar.

Desde 2014, que se permite la expatriación, Honduras ha entregado a estados requirentes a 36 ciudadanos, entre los que destacan el expresidente Juan Orlando Hernández (21 de abril de 2022) y el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos "El Tigre" Bonilla (10 de mayo de 2022).

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