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El documento plantea "eliminar el secreto bancario para fines tributarios introducido en el nuevo Código Tributario, y permitir el intercambio de información con el resto de países del mundo".
Es decir, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) tendrían acceso, sin necesidad de una orden judicial, a la información de los ingresos y egresos de los contribuyentes que se generen en el sistema bancario.
Con la derogación de esta figura normativa presente en el decreto 170-2016 del 28 de diciembre de 2016, como se plantea en el borrador de la Ley de Justicia Tributaria, las personas que declaran al SAR quedarían desprotegidas y su información podría llegar a manos de grupos criminales.
"Si se llega a tener los problemas de que esa información sea abierta, se puede caer en el riesgo que sea utilizada para extorsionar a los empresarios. En resumen, si esta información cae en manos de otras personas, puede ser alto el riesgo", advirtió el economista Roberto Lagos.
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En similares términos se pronunció la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, quien señaló que la iniciativa de eliminar el secreto bancario representará altas desventajas.
"Los clientes estarán expuestos a que su información sea manejada por varias personas que van a tener acceso a dicha información y, entonces, van a tener el riesgo de que, al conocerse dicha información, puedan ser objeto de extorsión o de otro tipo de cuestiones delincuenciales", manifestó Castillo.
Es transparencia, dice Hugo Noé Pino
En tanto, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, se apegó al planteamiento del Gobierno y aseguró que eliminar el secreto bancario será, más bien, una señal de transparencia tributaria.
"Esto más bien le permitirá al SAR tener la capacidad de poder recaudar en debida forma y que haya equidad tributaria", declaró Pino.
¿Qué es el secreto bancario y cómo se protege?
En su argumento, el Gobierno plantea que el artículo 72 del Código Tributario impide al SAR, en el desarrollo de sus controles, "acceder a información bancaria para constatar la evasión de impuestos".
El artículo 72, numeral 4, del Código Tributario, precisa que habrá secreto bancario "cuando se trate de requerimientos individualizados relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, préstamos y créditos", entre otros.
De igual manera, en "operaciones activas y pasivas, a cargo de los bancos y sociedades financieras, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas personas naturales o jurídicas, y demás entidades sin personalidad jurídica, que realicen operaciones crediticias, éstos se deben efectuar por conducto de las entidades reguladoras principales".
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Además detalla que "los requerimientos individualizados deben detallar los datos identificativos del cheque u orden de pago de que se trate o, bien las operaciones objeto de investigación, los obligados tributarios afectados y el período de tiempo a que se refieren".
Lo anterior impide al SAR, sin una orden judicial, tener acceso a la información financiera de sus aportantes.
Polémica reforma tributaria
Desde que se comenzó a socializar la Ley de Justicia Tributaria, que plantea la eliminación de 16 regímenes fiscales, Gobierno y sector privado han entrado en una aspereza que, de momento, parece no limarse.
El Gobierno plantea que habrá mayor transparencia tributaria, mientras que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) asegura que la reforma generará una disminución en la inversión y la generación de empleos.
Incluso, la propuesta de la Ley de Justicia Tributaria ha confrontado a altos funcionarios del Estado.
El secretario director del SAR, Marlon Ochoa, calificó a Pedro Barquero, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, de "traidor" y "pieza del Cohep", por estar en desacuerdo con la iniciativa.
Y este, que pertenece al Partido Salvador de Honduras, le contestó que "prefiero traicionar al Gobierno antes que traicionar al pueblo hondureño".
En años previos, Barquero se desempeñó como presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), una de las organizaciones que conforman el Cohep, pero también recibió el espaldarazo de la presidenta Xiomara Castro cuando, el 27 de enero de 2022, se le designó dentro del gabinete ministerial de la Presidencia.
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