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El secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, compareció la noche de este domingo en el programa 30|30, donde abordó las recientes masacres que han dejado al menos 25 muertos en Honduras y detalló cuál será la estrategia del Gobierno para enfrentar la violencia y las estructuras criminales que operan en el país.
Durante la entrevista, el funcionario aseguró que el objetivo principal de las autoridades es construir un modelo de seguridad que combine el respeto a los derechos constitucionales con acciones firmes contra maras, pandillas y grupos criminales vinculados a delitos como extorsión, narcotráfico y homicidios.
“Queremos reducir el 60 % de los homicidios”
Velásquez afirmó que la meta de la Secretaría de Seguridad es neutralizar las estructuras criminales que generan mayor violencia en Honduras.
“Si nosotros logramos reducir un par de estas estructuras que tanto daño le han hecho al país, seguramente vamos a reducir el 60 % de los homicidios en el corto plazo”, expresó el funcionario durante su participación televisiva.
Según explicó, las autoridades buscan fortalecer las investigaciones criminales para identificar de manera individual a quienes forman parte de organizaciones criminales consideradas terroristas bajo las nuevas reformas aprobadas recientemente.
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Seguridad descarta capturas masivas sin investigación
El titular de Seguridad enfatizó que el modelo hondureño no contempla allanamientos indiscriminados ni capturas sin pruebas suficientes.
Velásquez sostuvo que cada caso deberá pasar por procesos de investigación e individualización de responsabilidades antes de presentar requerimientos ante los tribunales.
“No va a funcionar que iremos a allanar casas masivamente solo porque alguien diga que una persona es pandillera”, indicó.
Además, explicó que las autoridades deberán presentar evidencia ante los jueces para demostrar que un individuo pertenece a una estructura criminal y cumple un rol específico dentro de ella.
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Diferencias con el modelo de seguridad de El Salvador
Durante la entrevista, Edgardo Melgar consultó al funcionario sobre las diferencias entre la estrategia hondureña y el modelo implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Ante esto, Velásquez aseguró que Honduras busca desarrollar un sistema que respete las garantías constitucionales y el debido proceso, aunque manteniendo firmeza contra el crimen organizado.
El ministro señaló que las reformas recientes permitirán perseguir penalmente a quienes formen parte permanente de maras y pandillas, una vez que estas estructuras sean declaradas oficialmente como organizaciones terroristas.
Consejo de Defensa deberá declarar estructuras terroristas
Gerzon Velásquez detalló que, aunque la legislación ya contempla a las maras y pandillas como asociaciones terroristas, primero deberá existir una declaratoria formal por parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Para ello, las autoridades deberán demostrar que dichas estructuras ejercen control territorial, generan violencia, obtienen recursos ilícitos y someten a comunidades mediante amenazas o intimidación.
El funcionario aseguró que una vez declaradas como organizaciones terroristas, las autoridades podrán procesar a sus integrantes únicamente por pertenecer a esas estructuras criminales.
Penas podrían alcanzar hasta 20 años
Velásquez explicó que las nuevas disposiciones permitirán imponer penas de entre 10 y 15 años de prisión a quienes sean identificados como miembros de organizaciones criminales declaradas terroristas.
En los casos de cabecillas o personas con roles de liderazgo dentro de las estructuras, las condenas podrían alcanzar entre 15 y 20 años de cárcel.
Asimismo, reconoció que durante años muchos miembros de pandillas han sido detenidos por delitos menores, pero posteriormente recuperaban su libertad debido a debilidades del sistema judicial o falta de pruebas contundentes.
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Violencia mantiene preocupación nacional
Las declaraciones del funcionario se producen en medio de una semana marcada por violentos hechos criminales, incluyendo la masacre de cinco agentes de la Dipampco en Corinto, Omoa, y la matanza registrada en Rigores, Trujillo, Colón.
Estos hechos han incrementado la presión sobre las autoridades de seguridad y generado preocupación entre la población hondureña por el avance de estructuras criminales en distintas zonas del país.