A los hondureños les espera una cadena de alzas que van a "perforar" los bolsillos de la mayoría de la población, especialmente de los sectores que tienen menos recursos.

El alza desmedida en el precio de los combustibles, a resultas del conflicto armado en Europa, provoca un particular estado de nerviosismo en Honduras, debido a su condición de ser un país que importa la totalidad de productos derivados del petróleo que consume.

Todas las proyecciones son oscuras: el galón de carburantes puede llegar a 150 lempiras, la factura de energía eléctrica será de nuevo revisada hacia el alza y, con estos dos elementos mezclados, en el país se producirá una presión de magnitud insospechada sobre las finanzas.

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La factura petrolera rozaría los 2,000 millones de dólares, en tanto que el subsidio otorgado a la venta de los combustibles en bomba y al recibo de la energía eléctrica creará un profundo hoyo fiscal.

La crisis energética

La crisis energética producirá, igualmente, una explosión inflacionaria que golpeará con más severidad, preferentemente a los sectores marginados.

Los productos de consumo esencial se van a encarecer con el riesgo de que su compra se vuelva inalcanzable. Los entendidos en economía advirtieron desde inicios de este año que el costo de vida podría situarse en dos dígitos al término de este año.

Está anunciado que la tarifa de la ENEE será incrementada a finales de marzo para ser aplicada en el trimestre abril-junio, a lo cual se agrega que los transportistas exigen un aumento en el valor del servicio en todas sus modalidades.

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Esta semana, el galón de las gasolinas superior y regular han alcanzado valores entre 107 y 114 lempiras, mientras el diesel llegó a un nivel récord de 101 lempiras.

La crisis está encima y su solución depende enteramente del desenlace de la invasión de Rusia a Ucrania y de la dinámica que tome el mercado internacional del crudo.

En círculos domésticos se ha planteado la urgencia de elaborar un plan de intervención que debe encerrar diferentes respuestas. Entre las soluciones inmediatas se han enumerado el uso racional de los combustibles y el ahorro en el consumo de energía eléctrica.

Son las mismas de las que se habló en el pasado cuando la industria petrolera ha convulsionado, pero nunca han sido tomadas como referencia para construir una política energética integral.

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Históricamente han sido impulsadas opciones de corto plazo como la reducción en el consumo de carburantes en tiempos de turbulencia  en los que éstos han  llegado a sus precios históricos.

Así ocurrió en 2008 y en 2013, cuando el barril del crudo tocó rangos sin precedente y la demanda interna también se disparó.

En 2014 la cotización de los carburantes se elevó de manera drástica. Se recuerda que sólo en los primeros meses de ese año los combustibles se encarecieron, debido al ajuste en los impuestos de importación, contenido en el paquete fiscal que había sido aprobado a finales de 2013.

Por costumbre, las regulaciones en materia energética no han producido el impacto esperado, porque no se les ha dado sostenibilidad y sólo han cobrado importancia cuando los precios hicieron explosión y rompieron el techo. Lo que se requiere, a juicio de los entendidos, es un programa en el marco de una política que esté adecuada a las condiciones de un país enteramente consumidor de derivados del crudo y con las finanzas en desequilibrio.

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