El exsecretario de Transparencia y exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, afirmó este viernes que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) no vendrá ni en el actual ni el los próximos gobiernos.

En declaraciones al noticiero TN5 Estelar, de Canal 5, Orellana señaló que el tiempo se le acabó a la administración de la presidenta Xiomara Castro, para traer al país la misión anticorrupción.

"En este gobierno ya no viene, es imposible, porque los protocolos que tiene Naciones Unidas no lo permiten. Además, los que tenemos nosotros no lo permiten, porque hay que ir al Congreso Nacional a aprobar y eso lleva su tiempo", dijo el exfuncionario.

Seguidamente, agregó que "de manera que este año, olvidémoslo, y el próximo gobierno no creo que lo traiga".

Obstáculos para la lucha contra la corrupción

Según Orellana, la aprobación de leyes y reformas favorables a la impunidad ha permitido que casos de corrupción sean trasladados al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en lugar de ser investigados por el Ministerio Público o juzgados por el Poder Judicial.

Además, cuestionó las amnistías políticas que, según él, han beneficiado a funcionarios acusados de corrupción sin pruebas concretas de motivaciones políticas. "Si realmente fue por motivación política, habría que preguntarse quién presentó la acusación con ese fin", indicó.

El exsecretario de Transparencia afirmó que aprobar los mecanismos para la instalación de la CICIH en Honduras podría significar prisión para ciertos diputados.

"Aprobar lo concerniente a la CICIH implica que algunos de estos diputados vayan a la cárcel. En cambio, aprobar el presupuesto les garantiza subvenciones para su reelección", relacionó.

La CICIH en Honduras, promesa incumplida

En diciembre de 2024, se divulgó un informe de una misión de la ONU que estuvo en el país. En dicho informe se abordó el incumplimiento de reformas solicitadas al gobierno hondureño para facilitar la creación de un mecanismo anticorrupción.

Entre otras recomendaciones, la ONU pidió derogar un decreto de amnistía que favoreció a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009), acusados de corrupción tras el derrocamiento del exmandatario, quien actualmente asesora a Xiomara Castro, su esposa.

Además, se solicitó la derogación o reforma del decreto 117-2019 sobre inmunidad parlamentaria y modificaciones al Código Procesal Penal que permitirían incorporar el mecanismo al marco jurídico interno, de modo que la CICIH pueda actuar como acusador privado o querellante autónomo.

El gobierno hondureño ha ampliado en cuatro ocasiones el memorándum de entendimiento con la ONU para instaurar el mecanismo, que ayudaría al país a investigar y presentar casos de corrupción pública.