El jurado declaró culpable a Carl Zaglin, empresario de Georgia y dueño de Atlanco, por haber utilizado los sobornos como estrategia para asegurarse contratos millonarios de uniformes policiales en Honduras.

La decisión llegó tras dos días de intensas deliberaciones que pusieron fin a un proceso de ocho días en el que la fiscalía presentó pruebas de pagos ilícitos a al menos dos exdirectores de la Tasa de Seguridad: Francisco Cosenza y Juan Ramón Molina, ambos se declararon culpables.

Con el veredicto, Zaglin queda pendiente de la sentencia que podría imponer la juez para cumplir prisión en Estados Unidos.

Fiscalía acusa a Zaglin de sobornar a la Tasa de Seguridad

La acusación contra Zaglin se centra en dos contratos millonarios adjudicados entre 2015 y 2019 a Atlanco por la Tasa de Seguridad Poblacional, un fideicomiso creado en Honduras para financiar proyectos de seguridad.

Según el fiscal Peter Cooch, Zaglin “prometió, pagó y autorizó sobornos” a funcionarios hondureños, incluyendo al menos a dos exdirectores de la Tasa: Francisco Cosenza y Juan Ramón Molina.

Buscaron, según la Fiscalía, asegurar más de 10 millones de dólares en contratos. Las pruebas incluyen transferencias bancarias, facturas falsas y grabaciones de audio.

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Testimonios revelan cómo operó el esquema de sobornos

Durante el juicio, varios testigos confirmaron cómo funcionaba el plan:

  • Aldo Marchena, exbanquero condenado, admitió haber entregado sobornos en nombre de Zaglin.
  • Luis y Bryan Berkman, exejecutivos de Atlanco, declararon que fabricaron documentos falsos y canalizaron dinero hacia funcionarios.
  • Juan Ramón Molina Rodríguez, exfuncionario hondureño, reconoció haber recibido $114,000 mediante su empresa en Belice.

En grabaciones presentadas al jurado, Zaglin respondió afirmativamente cuando se le explicó cómo funcionaban los pagos a funcionarios.

Para la fiscalía, esa evidencia demuestra que el acusado sabía y aceptó la corrupción como parte de su negocio.

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Defensa de Carl Zaglin niega intención de cometer sobornos

Por su parte, el abogado Craig Gillen sostiene que Zaglin nunca tuvo intención criminal.

Argumenta que el empresario actuó bajo asesoría legal para cumplir la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y que las comisiones a intermediarios eran prácticas comerciales legítimas.

Gillen cuestionó además la credibilidad de los testigos, a quienes acusó de modificar sus versiones en vísperas del juicio para obtener beneficios.

“Si realmente fuera el jefe de un esquema criminal, ¿por qué habría consultado abogados en cada paso?”, planteó el defensor.

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Jurado definió el futuro de Carl Zaglin en EE. UU.

Este lunes, el jurado resolvió tras sus deliberaciones la responsabilidad de Carl Zaglin en el esquema de corrupción.

Ahora a esperar la valoración del juez para la pena que deberá cumplir en prisión. Este fallo envía un mensaje sobre el alcance de la justicia estadounidense frente a los sobornos transnacionales.

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