Julieta Castellanos, exintegrante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que investigó los hechos previos y posteriores al golpe de Estado del 28 de junio de 2009 en Honduras, declaró este lunes que la muerte de Isy Obed Murillo sucedió en el contexto de las manifestaciones por esa crisis política.

"El hecho de que haya sido una muerte en el contexto de una manifestación está, por supuesto, acreditado en el informe de la Comisión de la Verdad", expresó Castellanos en una entrevista con el noticiero Diario Matutino de Radio HRN.

La socióloga y exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) abordó el tema en el marco de la detención de tres altos exmilitares. Estos, según el Ministerio Público (MP), son responsables del homicidio de Isy Obed Murillo y de las lesiones graves sufridas por Alex Roberto Zavala.

Los hechos ocurrieron el 5 de julio de 2009, cuando miles de simpatizantes se congregaron cerca del aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa para esperar al expresidente Manuel Zelaya Rosales, quien intentaba regresar al país desde Costa Rica, después de haber sido derrocado el 28 de junio de 2009.

En la entrevista, Castellanos explicó que desconoce los avances de la investigación recomendada por el informe de la Comisión de la Verdad, que analizó la crisis política posterior al golpe.

Investigar otros casos

No obstante, en el caso de Isy Obed, destacó que el MP enfrenta el gran desafío de demostrar que realmente está interesado en investigar el caso y desvirtuar que se trata de un hecho de persecución política, como han señalado diversos sectores.

"En la Comisión de la Verdad planteamos que las víctimas tienen derecho a conocer lo que sucedió con su familiar y derecho a la justicia, eso es irrenunciable", agregó.

Los acusados en el caso de Isy Obed Murillo son el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vásquez Velásquez; el exsubjefe de la institución castrense, Venancio Cervantes; y el excomandante del Comando de Operaciones Especiales, Carlos Roberto Puerto, quienes actualmente se encuentran bajo detención judicial.

Castellanos también mencionó que la Fiscalía debe demostrar con pruebas científicas que los acusados son responsables de los hechos ocurridos el 5 de julio de 2009.

Además, subrayó que no debe haber preferencias ni prioridades en las investigaciones sobre las muertes de hondureños en las que, presuntamente, están involucrados miembros de instituciones públicas.

"El Ministerio Público está obligado a demostrar que también está interesado en los casos de Keyla Martínez, Alfredo Landaverde, Julián Arístides González y Orlan Arturo Chávez, en los cuales también se señalan a instituciones como responsables", indicó.

"Remitirse al informe de la CVR"

Por su parte, el doctor en derechos humanos Joaquín Mejía comentó en sus redes sociales que quienes se "sorprenden" por la captura del general Romeo Vásquez deberían consultar el informe de la Comisión de la Verdad, el cual señala "claramente la responsabilidad de este militar en las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el golpe de Estado".

Mejía recordó que el informe de la Comisión establece que la responsabilidad de Vásquez está vinculada estrechamente con la del presidente de facto, Roberto Micheletti.

"Además de su responsabilidad por contribuir a estas violaciones, al general también le corresponde la responsabilidad de no haber denunciado y sancionado los hechos debidamente a posteriori", agregó.

También hizo referencia a lo que planteó la Comisión de la Verdad: el Estado de Honduras debe investigar, procesar y sancionar todas las violaciones de derechos humanos ocurridas entre el 28 de junio de 2009 y el 27 de enero de 2010, entre otras.

La Comisión de la Verdad, creada por el ex presidente Porfirio Lobo Sosa, estuvo integrada por el vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein Barillas; el diplomático canadiense Michael F. Kergin; la abogada peruana María Amabilia Zavala Valladares; Julieta Castellanos; y Jorge Omar Casco Zelaya, exrectores de la UNAH.

Inició sus trabajos el 4 de mayo de 2010 y presentó su informe final titulado Para que los hechos no se repitan en julio de 2011.