La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) saludó la presentación de requerimientos fiscales en el caso de investigación en el país por la compra de hospitales móviles en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19.
El Ministerio Público presentó el jueves (09.04.2021) requerimiento fiscal en contra del exdirector y exadminstrador de la empresa Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn y Alex Moraes, por suponerlos responsables de dos delitos de violación a los deberes de los funcionarios y dos delitos de fraude en perjuicio de La Administración Pública.
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Además, la Fiscalía presentó requerimiento fiscal contra el empresario guatemalteco Axel López, intermediario en la compra de los hospitales móviles, por dos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública a título de "cooperador necesario".
La Oacnudh "llama a una investigación exhaustiva, pronta e imparcial" del caso, indicó el organismo en su cuenta de Twitter.
Además, informó que la Oficina "ha resaltado en su último informe anual el vínculo entre corrupción y violaciones a derechos humanos como la salud, así como la necesidad de fortalecer la institucionalidad que lucha contra este flagelo".
Honduras, a través de Invest-H compró entre los meses de marzo y abril de 2020, siete hospitales móviles para contrarrestar los efectos de la pandemia del covid-19 por un valor total de 47 millones 512 mil 564 dólares ($ 47.512,564), equivalente a mil 174 millones 517 mil 764 lempiras (L 1,174,517,764.33).
La adquisición de las unidades hospitalarias modulares, que no son aptas para atender a pacientes covid, se hizo de manera "directa y fraudulenta", señaló el Ministerio Público.
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La Fiscalía indicó que Marco Bográn y Alex Moraes pagaron por anticipado el 100 por ciento del costo de los hospitales sin que el proveedor "tuviera la capacidad técnica y financiera requerida, sin estipular el otorgamiento de las garantías correspondientes para salvaguardar los intereses económicos del Estado y sin previa autorización del Consejo Directivo de Invest-H".
La investigación sobre estos hechos continúa para establecer la participación y responsabilidad de otras personas involucradas en la comisión de estos delitos, informó el órgano investigador del Estado.
