Según el análisis de la RDD en su informe "¿Cómo está regulado el financiamiento político en Honduras?", el país centroamericano mantiene abiertas las puertas al financiamiento ilícito de las campañas.

Las prohibiciones para recibir fondos para campañas electorales están relacionadas con intereses extranjeros, donaciones anónimas, regulación del financiamiento público para candidatos y partidos, así como la regulación de las formas indirectas de financiamiento público y beneficios fiscales.

Sin embargo, la Red por la Defensa de la Democracia agrega que no existen, conforme a la ley, otras regulaciones como prohibiciones de fondos privados no declarados u otros, límites para contribuciones a partidos y candidatos en época electoral.

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Tampoco existen límites sobre la cantidad de dinero que un partido político puede gastar en campaña, prohibición de propaganda gubernamental o prohibición de inauguración de obras públicas durante todo el período de propaganda electoral.

La RDD indica en un informe que a nivel latinoamericano, solo Nicaragua y Venezuela contemplan menos regulaciones que Honduras, con apenas cuatro regulaciones legales.

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Otros países como México, Paraguay, Chile, Argentina y Colombia contemplan entre 12 y 15 regulaciones de financiamiento de campañas políticas.

Fiscalización en Honduras

Basándose en un informe de rendición de cuentas de la Unidad de Política Limpia, de 4,879 sujetos obligados a presentar informes financieros posteriores a las elecciones generales de 2021, un total de 1,619 no cumplieron con este requisito.

"Hay sanciones para quienes no reportaron el financiamiento, pero no existe capacidad coercitiva para obligar a los sancionados a cumplir", dijo el director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) Juan Carlos Aguilar.

Esto da lugar a preguntar "¿quiénes están detrás del financiamiento político que no se reporta? porque muchas veces no es por falta de transparencia, sino también porque han existido financiamiento oscuro", indicó Aguilar.

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Seguidamente, el delegado de la ASJ, a la cual pertenece la Red por la Defensa de la Democracia, detalló que Política Limpia reportó que el gasto de campaña para los comicios del 2021 fue de L875,417,375.83, de los cuales L 262,625,212.74 no fueron justificados por los sujetos obligados.

Origen desconocido de financiamiento

El 91 % del gasto de campaña pasada corresponde a los tres partidos mayoritarios: Partido Liberal (76.9 %), Partido Nacional (50.5 %) y Partido Libertad y Refundación (40.7 %), pero se desconoce el origen de financiamiento

El informe de la Red agrega que, desde el 11 de marzo de 2021 hasta el 8 de marzo de 2024, según las páginas oficiales de algunos políticos y partidos hondureños, gastaron L 4,866,359 en anuncios con fines propagandísticos.

Entre los políticos que destacan con mayores pagos de anuncios están Nasry Asfura, excandidato presidencial del Partido Nacional (L2,298,018); Xiomara Castro, presidenta de Honduras (L 674,514) y Jorge Aldana, alcalde del Distrito Central (L 281,866).

La Red señaló que la falta de fiscalización efectiva, la debilidad institucional y la resistencia de la clase política a la transparencia han permitido durante décadas el financiamiento ilícito de campañas políticas en Honduras, lo que revela la necesidad urgente de exigir mayores y mejores regulaciones.

Ante los hallazgos, la RDD sostiene que Honduras requiere una legislación eficaz, organizaciones electorales con capacidad para cumplir las reglas, órganos estatales de control que fiscalicen de manera independiente y adecuada, sanciones disuasivas que sean aplicadas sin temor y, sobre todo, ciudadanos que exijan transparencia a los políticos y condiciones para otorgar su voto.

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