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Tan pronto dejó la presidencia de Honduras, el 27 de enero de 2022, desde Estados Unidos recibió una imputación y se libró una orden de captura en su contra. Semanas después, el 14 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores hondureña confirmó en exclusiva a la cadena estadounidense CNN que el exmandatario era requerido por la, probablemente, justicia más rígida del mundo.
Un escuadrón del Ejército hondureño se apostó esa noche afuera de la casa de Hernández, localizada en las silenciosas y pulcras calles de la colonia San Ignacio, uno de los pocos barrios de clase alta de la capital, Tegucigalpa, y en las calles de la ciudad se generó una percepción de que "algo estaba pasando" cuando se veían circular varios convoyes de las Fuerzas Armadas.
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El 15 de febrero de 2022, un equipo élite de la Policía Nacional, comandado por el secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, y el director policial, Gustavo Sánchez, llegaron hasta su residencia y lo capturaron.
A partir de ese momento, Juan Orlando Hernández fue sometido a la justicia hondureña, que, amparándose en el auto acordado de extradición, siguió el proceso con normalidad. El 17 de marzo de 2022, un juez de la Corte Suprema de Justicia, Edwin Ortez, ordenó su extradición hacia Estados Unidos.
Finalmente, el 21 de abril de 2022, el secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, y el subsecretario de Defensa, Elías Melgar, resguardaron a Hernández hacia un avión de la Administración de Control de Drogas (DEA, sigla en inglés), que desde la base aérea Hernán Acosta Mejía lo llevó hasta Nueva York, Estados Unidos.
Antes de abordar la aeronave, al exmandatario hondureño se le observó nervioso, con una expresión agridulce en su rostro, pero aun así sonrió y se despidió de la prensa.
La caída de un príncipe de la política que llegó a rey
Juan Orlando Hernández pasó de ser adulado en cada institución del Estado, por cada funcionario durante su doble gestión, por los abrazos de niños y ancianos que visitaba en sus giras por el país, a enfrentar la soledad de las celdas del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde nadie se dirige a él como "mi presidente".
Hernández, de 54 años, dejó de ser un prominente político y pasó a convertirse en un acusado por el Gobierno de Estados Unidos.
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El presidente de Honduras entre 2014 y 2022 se convirtió en diputado del Congreso Nacional con apenas 30 años en 1998 y, cuando Porfirio Lobo Sosa asumió la titularidad del Legislativo en 2002, a él lo eligieron secretario de ese poder del Estado. Tenía 34 años y por delante una carrera política que vislumbraba éxito.
Años más tarde, en enero de 2010, un Hernández más maduro políticamente asumió la presidencia del Congreso Nacional, al tiempo en que Lobo Sosa lo realizó en el Ejecutivo.
Desde allí, en la titularidad del Legislativo, el ahora extraditado allanó el camino que lo catapultaría a la presidencia de la República, por encima de otros candidatos jóvenes del Partido Nacional como el entonces alcalde capitalino, Ricardo Álvarez, quien lo acusó de fraude en las elecciones primarias 2012 y a quien silenció nombrándolo su primer designado presidencial.
Pero según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York detrás de ese éxito político hubo oscuras acciones: sobornos, drogas, armas, asesinatos.
La acusación de Estados Unidos señala a Juan Orlando Hernández y a Porfirio Lobo Sosa de haberse beneficiado con millonarias cantidades de dinero procedentes del narcotráfico -en concepto de sobornos- que le permitieron a Hernández ser elegido por el Congreso hondureño como su presidente en 2010 y a Lobo Sosa impulsar su campaña presidencial durante las elecciones generales 2009.
Adicionalmente, lo acusan de haber coaccionado a funcionarios electorales y de haber recibido un millonario soborno del Cártel de Sinaloa, entonces dirigido por el capo mexicano Joaquín Guzmán, con el fin de que pudiera financiar su campaña presidencial previa a las elecciones generales 2013, que le ganó justamente a la actual presidenta hondureña, Xiomara Castro.
Difícil camino
Ahora, bajo todo este escenario, el camino que le queda por recorrer a Juan Orlando Hernández no es fácil. Incluso podría ser igual o peor que el de su hermano menor, el exnarcotraficante y exdiputado, Juan Antonio Hernández, a quien a inicios de 2021 el mismo juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York que presidirá su juicio, Kevin Castel, condenó a una cadena perpetua y 30 años de prisión.
A Juan Orlando Hernández lo acusan por conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
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La Fiscalía estadounidense asegura tener los medios probatorios necesarios para hacer que Hernández cumpla una condena en una cárcel federal de Estados Unidos, que se diferencian bastante de las comodidades de su residencia en la colonia San Ignacio o de Casa Presidencial, que lo acogió durante ocho años.
El pasado 14 de abril, la Fiscalía entregó a su defensa, encabezada por Sabrina Shroff y Raymond Colon, información clasificada enmarcada en la Ley de Procedimientos de Información Clasificada y en la Regla Federal de Procedimiento Penal 16 (d).
Esa evidencia se suma a la que se entregó el 2 de julio de 2022, que contiene 1,000 GB de testimonios de testigos, pero que la defensa calificó como "insuficiente" y "testimonios de criminales desesperados".
Juan Orlando Hernández y su defensa rechazan toda acusación.
El expresidente Hernández, incluso, se declaró inocente de los cargos desde la audiencia inicial, y el equipo legal insiste en que la Fiscalía solo cuenta con testimonios de narcotraficantes confesos, que él (Juan Orlando Hernández) extraditó.
Entre 2014 y 2022, la justicia hondureña autorizó la extradición de 32 narcotraficantes de ese país hacia Estados Unidos, pero la Fiscalía estadounidense arguye que el expresidente lo hizo con el propósito de monopolizar el narcotráfico, lo cual le ayudó a traficar 500 toneladas de cocaína entre 2004 y 2022.
A un año de su extradición, Juan Orlando Hernández, no tiene quién lo adule, y desde una fría celda en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, espera a que su juicio oral y público comience, tentativamente, el próximo 18 de septiembre.
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