El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción ordenó suspender temporalmente, por cinco días, la orden de captura contra el excoordinador de la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina Rodríguez, investigado por presuntas irregularidades en la compra de tarjetas para licencias de conducir.
La resolución instruye a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) dejar sin valor y efecto durante ese período la orden librada el 16 de agosto de 2025.
Según información preliminar, la medida estaría relacionada con la posible presentación voluntaria del exfuncionario ante las autoridades judiciales.
La investigación contra Juan Ramón Molina
Molina es investigado por presuntas irregularidades en la compra de tarjetas PVC para licencias de conducir, un caso en el que también está involucrada Liana María Mayorga Castillo, gerente de la empresa Plasticards S. A., quien permanece capturada.
El Ministerio Público acusa a ambos de abuso de autoridad, fraude y lavado de activos, en perjuicio de la administración pública y el orden socioeconómico.
VEA: Juan Ramón Molina: 30 meses de condena y un pasaporte de vuelta
De acuerdo con las investigaciones fiscales, en diciembre de 2021 la Secretaría de Seguridad adjudicó a Plasticards S. A. un contrato para suministrar 480,000 tarjetas, aunque la empresa había iniciado operaciones apenas dos meses antes. Sin embargo, únicamente ingresaron al país 258,000 unidades.
El 22 de enero de 2022, la institución desembolsó 18.5 millones de lempiras a la compañía. Posteriormente, Mayorga habría transferido cerca de 17 millones a Inversiones MyM S. de R.L., empresa vinculada con Molina.
Acusación y condena en Estados Unidos
En otro proceso judicial, Juan Ramón Molina fue condenado en Estados Unidos. El 4 de diciembre de 2025, la jueza federal Melissa Damián le impuso una pena de 30 meses de prisión, luego de que admitiera su culpabilidad por conspiración para cometer lavado de dinero y sobornos relacionados con contratos millonarios para el suministro de uniformes policiales.
La pena fue distribuida en 13 meses bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones y otros 17 meses de arresto domiciliario como parte de su libertad supervisada.
Además, la sentencia contempló su entrega al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para iniciar un proceso de deportación una vez cumplida la condena.
Posteriormente, el 19 de marzo de 2026, la misma jueza autorizó la devolución de su pasaporte, mediante una resolución que concedió una solicitud no objetada por la Fiscalía estadounidense.
En Honduras, como parte de las investigaciones por el caso de las licencias de conducir, el Ministerio Público también ordenó asegurar bienes inmuebles, vehículos, 37 cuentas bancarias y cinco sociedades mercantiles relacionadas con los investigados.
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