Ambición política y crisis institucional
Las peleas de las instituciones partidarias se han extendido más allá de sus fronteras y han provocado un quiebre en la independencia de los Poderes del Estado
Sabia es la palabra escrita en el libro de Proverbios. En ella se consigna: “Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra; mas cuando domina el impío, el pueblo gime”.
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Y ciertamente, Honduras ha sufrido por los abusos de quienes nos han gobernado equivocadamente, los intereses que los políticos han hecho primar por encima de su compromiso con el soberano y por las componendas entre los corruptos que han tejido una tupida malla de impunidad.
Y en la gestión que acaba de ser inaugurada no son buenas las señales que están enviando nuestros líderes. Nos tienen metidos en una situación de anarquía; se niegan a llegar a consensos, pero -en su lugar- le han dado impulso a iniciativas como el decreto de amnistía política para los defensores de la soberanía durante el golpe de Estado, y que la mayoría de sectores han bautizado como “ley de absoluta impunidad”.
Citamos otro ejemplo: Sin antes haber encontrado un desenlace a la actual polémica generada por la integración de dos juntas directivas del Congreso Nacional, también ha sido aprobado el nombramiento del procurador y del subprocurador general de la República, en clara violación a lo que establecen las leyes, más en apego a compromisos políticos. ¿Dónde está la obediencia a la Constitución y la garantía a la seguridad jurídica?
Nos hallamos en una crisis institucional que ha surgido por la ambición de hacerse del liderazgo del Poder Legislativo. ¡Qué pena!, porque significa que los depositarios de la confianza del pueblo no han entendido que el país necesita un clima de gobernabilidad, de paz social y de estabilidad política, que son indispensables para un cambio en nuestro orden de cosas.
Las confrontaciones, las expresiones de odio y las intenciones de escalar a posiciones cimeras por parte de los políticos, han causado zozobra en torno a cuáles son las consecuencias de una prolongada crisis de legalidad y de legitimidad.
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Ellos han creado un indigno juego de repartición de posiciones, convenido una movilización de piezas para tener acceso a la toma de decisiones y formulado caprichosos arreglos.
Las peleas de las instituciones partidarias se han extendido más allá de sus fronteras y han provocado un quiebre en la independencia de los Poderes del Estado y en el respeto a los principios de la democracia.
La profunda conflictividad que se originó a mediados de enero, no solamente pone en vilo la discusión, debate y aprobación de leyes para el beneficio del país, sino la revisión de la agenda de los compromisos de la presidente Xiomara Castro, desde el Poder Ejecutivo.
¡Qué incapacidad la de nuestros políticos de alcanzar consensos patrióticos! Los carcomen sus ambiciones. Sus arreglos les retratan como “judas de la democracia”.
No tienen voluntad para entrar en un proceso de diálogo, tampoco son capaces de honrar su palabra. Nunca lo han hecho en lo que ha discurrido de la vida institucional de Honduras. Su vocación no es la de lograr entendimientos ejemplarizantes y dignos.
Somos los ciudadanos quienes debemos exigir que sea honrado el mandato popular declarado en las urnas. Somos nosotros los que tenemos que estar a la expectativa de las actuaciones de los que están en el poder.
No tienen derecho los políticos a provocar crisis innecesarias para hacerle daño al anhelo nuestro de robustecer el orden institucional y de profundizar la democracia. ¡Vaya el veredicto de censura para quienes pretenden seguir jugando al populismo, a las componendas, a las intrigas de palacio y a las conspiraciones en menoscabo del ejercicio limpio y honesto del poder!
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