Dos casos siguen evidenciando el estado de indefensión de las mujeres en Honduras: el crimen de Keyla Martínez y la barbarie en contra de 46 privadas de libertad en el centro penal femenino en Támara, Francisco Morazán. Ambos hechos se cometieron bajo la custodia del Estado y ambos están al borde de quedar en los archivos de la impunidad, uno, a causa de una sentencia que avergüenza, y el otro, porque la prisa por investigar no parece ser del interés estatal.

La sociedad hondureña fue sacudida cuando el Ministerio Público anunció que iría a casación ante el fallo de un tribunal de Comayagua de condenar al policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento por el crimen de la joven estudiante de enfermería Keyla Martínez, por el delito de homicidio imprudente y no femicidio agravado como fue la acusación de la fiscalía. La decisión del tribunal al cambiar la figura delictiva tiene con un pie en la calle al homicida, que asesinó a la joven cuando había sido detenida en un operativo policial por violar el toque de queda durante la pandemia. Fue en la ciudad de La Esperanza, en Intibucá.

VEA: ¡Justicia!

La joven fue llevada a una celda y al día siguiente apareció muerta y las autoridades policiales vertieron el hecho de que se había suicidado, la prueba científica del Ministerio Público probó lo contrario: la joven fue asesinada bajo la protección del Estado. Inicia toda una lucha por la justicia, el Estado expuesto a la luz de los tratados internacionales y en la investigación se comprueba que hubo manipulación de evidencias por parte de la policía; el caso se centra solo en el hechor material descontextualizando la escena del crimen que apuntaba a una madeja más enredada de complicidad y otros presuntos delitos ocurridos en esa posta policial.

La extraña justicia empieza a reacomodar las piezas y la sala constitucional tira a la basura un recurso interpuesto por la fiscalía para que el crimen de Keyla Martínez quedara como femicidio agravado. Ese fallo da luz verde al tribunal para que el policía asesino tenga una calificación menor del delito y está a punto de quedar libre. El Estado se exonera así de toda responsabilidad ulterior y mantiene incólume así la impunidad sobre la violencia que son objeto las mujeres. El otro hecho que mantiene una lenta agonía investigativa es la matanza de 46 privadas de libertad en la cárcel femenina de Támara, quienes fueron

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