En el tratamiento de la pandemia del covid-19, el gran talón de Aquiles ha sido la práctica de pruebas de detección en una escala que permita establecer con rigor dónde están los focos de contagio.

La información capital relacionada con el desarrollo de la peste, los sectores geográficos más afectados, los grupos de la población vulnerables y las características epidemiológicas de Honduras, es posible obtenerla precisamente a través de las muestras de diagnóstico.

Quienes están a cargo de la estructura de gestión de riesgos del país parecen no haberlo entendido así. Desde el inicio los especialistas advirtieron sobre la necesidad de procesar el mayor número de muestras al día, con el fin de conocer a los pacientes y aislarlos para contener la infección masiva.

Una de las críticas más notables expresadas por los expertos es que en la primera fase de la peste lo apropiado era la realización de pruebas rápidas y tamizaje que no es más que establecer quiénes son más propensos a adquirir cierta afección y qué otros no.

¿Qué ocurrió? La aplicación masiva de las pruebas rápidas fue hasta satanizada, pese a que su procesamiento más ordenado y mejor planificado pudo haber conducido hacia la ruta a seguir para enfrentar la plaga.

No es sino hasta ahora, cuando hemos entrado en la fase cinco, que funcionarios de la cartera ministerial de Salud han contemplado la posibilidad de llevar a cabo un tamizaje en las áreas de alta concentración de personas.

¿Acaso no era oportuno que las brigadas de expertos que están desplegadas en los barrios y colonias del Distrito Central y del Valle de Sula, levantaran esta evaluación discriminatoria y generalizada a través de las pruebas rápidas?

El Gobierno le ha apostado más a las pruebas PCR en tiempo real. A través de las dependencias que fueron encomendadas para efectuar las compras de emergencia, ha sido adquirido un número significativo de estos exámenes que son más específicos para determinar la presencia del patógeno.

Desde la génesis de la plaga mortal, Honduras ha mostrado falencias en la capacidad para procesar las muestras. En los meses de marzo, abril y mayo, apenas se logró el tratamiento diario de entre 100 y 500 pruebas y no fue sino hasta la primera quincena de junio que se llegó a la entrega de mil resultados con posibilidades de ser duplicados en las próximas fechas.

En la etapa que cursamos, acentuada por el desbordamiento de los hospitales, es un imperativo que se efectúe el mayor número de pruebas. Éste es un tema que se ha convertido en todo un caos, puesto que no ha sido posible evacuar la mora acumulada de al menos tres mil muestras.

Sumado a ello, tenemos un serio problema no sólo por la lentitud con que son dados a conocer los diagnósticos, sino porque se ha instalado, con el visto bueno de las autoridades competentes, el monopolio de un laboratorio privado autorizado para la aplicación de pruebas PCR a un costo muy alto, por cierto.

Varios centros especializados están a la espera de recibir la certificación para intervenir en el procesamiento de muestras en tiempo real; sin embargo, la contestación ha sido negativa no se sabe por qué razones.

Lo cierto es que sin la práctica de pruebas masivas que permitan detectar a los pacientes de covid, no podemos enfrentar la pandemia sin sufrir sus consecuencias devastadoras.

Y en tanto no se ofrezcan respuestas inmediatas al sensible tema de las pruebas de detección del nuevo virus, estaremos caminando a ciegas en la ejecución de acciones tendientes a detener el contagio masivo y evitar el colapso de los hospitales y la muerte de más pacientes.

Tenemos frente a nosotros un diagnóstico mortal dictado por el covid, ante el cual necesitamos soluciones viables, precisas y efectivas.