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Lo que hay detrás de las ZEDE

¿O es que acaso la soberanía nacional no está en peligro de ser enajenada en tanto el Poder Judicial hondureño pierda su autoridad?


Cuando lo que está de por medio es la soberanía hondureña y la potencial enajenación de la legislación nacional, las alarmas se tienen que encender.

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Y la sospechosa iniciativa de que se instalen a como dé lugar en el territorio nacional, las controversiales zonas de empleo y desarrollo económico, ¡ha encendido todas las alertas en el país! ¿Qué hay detrás de ese -en efecto- sospechoso proyecto de las también denominadas ciudades modelo?

Lo que el plan de las ZEDE ha sembrado en el país, no han sido más que dudas y sospechas. ¿Está a punto de consumarse en Honduras un doloroso acto de traición a la patria y enajenación de la soberanía nacional?

¿Acaso no se están poniendo en riesgo los estratégicos recursos del país al tiempo que se está facultando a ciudadanos extranjeros arropados en su condición de inversionistas para que prácticamente se adueñen de terrenos en zonas en las que, al tenor del marco autónomo e independiente de las ZEDE, la legislación hondureña perdería su competencia y jurisdicción?

Dejarían de ser pues zonas o espacios territoriales en las que el Estado de Honduras perdería su autoridad.

¿Acaso es que no estamos reparando en eso los hondureños como también en el potencial peligro de que, al estar amparadas en una autonomía administrativa y funcional, las zonas de empleo y desarrollo económico, quedarían subordinadas a un constitutivo tratado internacional y no al orden jerárquico que rige la legislación de un país, en este caso, Honduras?

Y es que en efecto las ZEDE tienen una autonomía funcional y administrativa. Se abrogan las funciones y facultades que la legislación nacional de un Estado les otorga jurisdiccionalmente a las comprensiones municipales.

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Sus tribunales y marcos legales quedan regidos por sus propios principios constitutivos, autónomos e independientes, quitándole la autoridad y la competencia al sistema de justicia del país. ¿No nos debe poner entonces en alerta ese modelo de desarrollo en Honduras?

¿O es que acaso la soberanía nacional no está en peligro de ser enajenada en tanto el poder judicial hondureño pierda su autoridad?

 Si el artículo 8 del marco legal de las ZEDE ya define el orden jerárquico de los instrumentos legales aplicables en las mismas. ¡Sólo y nada más a la Constitución de la República y a los tratados internacionales quedaría subordinada las normas legales de las zonas de empleo y desarrollo económico! Después de eso, ¿cuáles leyes secundarias? ¡¿Cuál otro marco legal?!

Más allá de la sospechosa insistencia y de la presión con ribetes mediáticos que se le está metiendo a la aprobación de las ZEDE, no perdamos de vista lo que estamos alertando.

Los riesgos de que este esquema de inversión extranjera socave la soberanía nacional son grandes, pues crean estados dentro de un estado con su propio estamento jurídico y fuera del alcance de las leyes del Estado que les permite entrar con su inversión.

Hay quienes conciben también estos modelos como una estrategia para que se profundicen las políticas neoliberales al extremo de desmembrar los territorios de los países donde sus pueblos originarios no son capaces de defender su soberanía.

Y quienes las defienden insisten en que la creación de las mismas tiene como propósito atraer inversión y generar empleo en zonas deshabitadas del país o en municipios que soliciten la instalación de una ZEDE mediante referéndum, si fuese necesario.

El sector oficial -como no podía ser de otra forma- defiende las zonas de empleo como áreas circunscritas a un régimen especial bajo un marco autónomo de políticas fiscales, de seguridad y de resolución de conflictos, entre otras competencias.

 Pero son más las dudas y sospechas que las certezas. ¡Abramos bien los ojos hondureños, a no ser que de nuevo la clase política y gobernante del país nos vuelva a dar gato por liebre!

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