La corrupción aunque ya no figura como el principal problema inmediato de los hondureños sigue siendo el principal problema estructural del país y es que así lo reflejan los datos de los diferentes sondeos de opinión realizados en el territorio nacional.

Por ejemplo, en el Sondeo de Opinión del ERIC-SJ 2022 cuando se les consultó a las personas sobre la confianza en instituciones y organizaciones públicas y privadas el resultado es a todas luces negativo, ya que en promedio el 63% de las personas encuestadas respondieron tener desconfianzas en las instituciones públicas encargadas de celebrar elecciones, crear leyes o aplicar la justicia contra un 37% que expresó tener confianzas en estas.

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Esta desconfianza proviene en muchas ocasiones por la fragilidad de las instituciones públicas que se ha alimentado en parte por el impacto sociocultural de grandes casos consumados de corrupción que quedaron, total o parcialmente, en la impunidad pese al enorme perjuicio causado, y en otras ocasiones por las pocas esperanzas que han generado los diferentes políticos en una lucha verdadera e independiente contra la corrupción e impunidad en el país.

Pero no siempre ha sido así, durante el 2015 y el 2020 la población transformó esta desconfianza en indignación y salió a las calles a exigir un organismo internacional independiente que fue eliminado cuatro años dispuesta de su instalación.

Este hecho generó una de las principales propuestas del actual Gobierno: “La instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH)”.

Sin embargo, el actual Gobierno luego de siete meses desde la toma de posesión aún no ha comenzado las negociaciones formales para un convenio con Naciones Unidas para la instalación de la CICIH y todavía no existe una fecha para comenzarlas.

Este retraso injustificado para la firma de un memorándum de entendimiento que permita entrar en negociaciones con Naciones Unidas y la comunidad internacional podría estar relacionado con el hecho de que existe una facción en el Gobierno que no acepta una CICIH independiente y quiere una CICIH decorativa para eliminar una promesa más de campaña de su “Check List”.

Esto se evidencia en las cartas, comunicaciones y borrador de memorando que envió la Cancillería de Honduras a Naciones Unidas, donde el Gobierno propuso contribuir parcialmente al financiamiento de la CICH o solicitó que Naciones Unidas en conjunto con el Gobierno seleccionará el personal internacional y nacional de la CICIH.

¿Por qué un gobierno con graves problemas en las finanzas públicas propondría gastar sus fondos en una CICIH? o ¿Por qué a un gobierno le interesa seleccionar al personal de una instancia que tiene por objetivo luchar contra la corrupción?

Usar fondos nacionales para financiar un organismo internacional o participar en los procesos de selección de su personal les garantiza tener una CICIH sin independencia o en el mejor de los casos no tener una CICIH.

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