Mientras el primer y más urgente reto sigue siendo la llegada de la vacuna al país, asegurar toda la cadena de distribución, desde el suministro hasta la inoculación, debe ser la más sensible y planificada decisión a tomar, en medio de este precario y cuestionado proceso que el gobierno ha liderado para enfrentar la pandemia de covid que ya se ha cobrado la vida de cuatro mil hondureños.

Mientras a la distancia hemos estado siguiendo los escándalos que la aplicación discrecional y selectiva de la vacuna ha desatado en países como la Argentina y Perú, en donde castas sociales y políticas fueron priorizadas para recibir las primeras dosis, claro que aquí tenemos que también “parar bien las orejas” y abrir aún más los ojos, porque a la luz de la evidencia a lo largo de toda esta pandemia, el errático manejo de la crisis sanitaria y el comportamiento de los círculos de poder, podrían jugarle a la sufrida población hondureña otra mala pasada.

De ahí que el acceso equitativo, justo y transparente a la vacuna contra el covid sea además de urgente necesidad, una preocupación nacional.

 De ahí que sea una preocupación válida que la priorización de la vacuna no termine inoculándose en criterios estrictamente médicos y de salud pública, en principios de equidad y solidaridad, en valoraciones de rigurosa justicia social.

 Y miren que en este “país de Alicia” cualquier cosa puede pasar. Si aquí la transparencia no ha sido pues moneda de curso común, como sí lo ha sido el sectarismo, el tráfico de influencias, las preferencias, y los favoritismos VIP.

Listos entonces para entrar en acción organismos contralores como el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público, además de cualquier instancia de veeduría internacional.

Aquí de lo que se trata es de que desde todos los frentes se garantice la priorización de la vacuna, a miles de trabajadores de salud de la primera línea, y a adultos mayores y cuántos ciudadanos en condición de mayor vulnerabilidad representen esa priorización.

Hay que centrarse en los que más sufren a partir de su mayor y más peligrosa exposición al virus. De eso se trata la equidad que demandamos en la vacunación contra el covid 19.

 La actual administración del país tiene ante sí quizás la última oportunidad de reivindicarse ante esta sufrida población. Garantizarle un manejo transparente de la vacunación a los hondureños y lograr que la vacuna contra el covid termine convirtiéndose en un bien colectivo y público, gratuito para todos, e inoculada justa y equitativamente.

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