¿Una verdadera lucha contra la corrupción en Honduras?
En mi rol de activista anticorrupción, encuentro alentador la reciente medida adoptada por el Congreso Nacional: la reforma de dos decretos críticos que han obstaculizado la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras.
Hablamos del Decreto 57-2020, que restringía las competencias del Ministerio Público al limitar su capacidad para acusar en casos con indicios de corrupción y para acceder a documentos oficiales, y del Decreto 93-2021, relacionado con la Ley de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
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Popularmente conocidos como "Pactos de Impunidad", estos decretos habían sido una piedra en el zapato para lucha efectiva e imparcial contra la corrupción desde su aprobación, convirtiéndose en temas clave en la agenda anticorrupción del país.
Esta acción, no obstante, representa una pieza en el complejo rompecabezas de la lucha contra la corrupción en el país que se vincula, además, con la presencia de la Misión de Expertos de Naciones Unidas, lo que ha reactivado las posibilidades para la pronta instalación de una misión internacional independiente contra la corrupción e impunidad en el país.
No obstante, nuestras esperanzas de ver una lucha prioritaria contra la corrupción se están desvaneciendo. Las expectativas crecieron cuando la presidenta Castro se comprometió en enero de 2022 a colaborar con la ONU para la creación de una CICIH. Sin embargo, no fue hasta diciembre que finalmente se concretó un memorándum de entendimiento con dicha organización.
Desde entonces, la agenda anticorrupción ha sufrido un estancamiento preocupante. La Ley de Colaboración Eficaz sigue en el cajón, al Ministerio Público le falta presupuesto para desempeñar eficientemente sus tareas, la política de transparencia y anticorrupción impulsada por la Secretaría de Transparencia no ha recibido aprobación por parte del Consejo de Ministros y el Consejo Nacional Anticorrupción sufre continuos ataques y hostigamientos.
La batalla contra la corrupción debe ser sostenida con acciones concretas y una fuerte voluntad política. Hasta ahora, nuestras autoridades no han demostrado tener ni una ni otra, disminuyendo la confianza de los ciudadanos en una lucha seria y efectiva contra la corrupción y la impunidad. Mientras la corrupción siga siendo una constante en nuestro país, los avances en lo social, económico y político serán solo una ilusión.
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