Para extirpar el cáncer de la corrupción, no basta con pregonar discursos; tampoco es suficiente con el compromiso populista de parte de las autoridades del país de montar un esquema de persecución de los deshonestos y de rendición de cuentas.

Lo traemos a colación, porque tal parece que los hondureños estamos ante la reedición del viejo cuento de los gobiernos de turno de librar una guerra acomodada; además, ideologizada y de fachada contra la corrupción.

El secretario en materia de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el exfiscal Edmundo Orellana Mercado, ha confiado que el Despacho a su cargo no tiene asignados los fondos necesarios para realizar las tareas que son inherentes a sus atribuciones.

El hecho que sea el propio ministro el que haya hecho trascender que le tienen maniatado, sin el presupuesto para llevar a efecto las acciones que son pertinentes para implantar un esquema de transparencia, es significativo y preocupante.

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Debe ponernos en alerta, indistintamente de que las autoridades de la Secretaría de Finanzas se haya apresurado a emitir un comunicado en el que justifica que se hará efectiva la transferencia de 48 millones de lempiras en cuanto sean complementados los trámites legales.

Es válido que sospechemos que no se trata de algo fortuito, sino quizás de una jugada para dejar sin dientes el aparato de transparencia que prometió implantar el presente Gobierno.

La lucha para desbaratar los enjambres de corruptos tiene que responder a una voluntad política férrea del Gobierno, e ir acompañada de decisiones y acciones no vacilantes ni mentirosas.

No es alentador el mensaje que nos envía el Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver con la aspiración de los hondureños de mantener una veeduría rigurosa y permanente.

El mismo reproche tendríamos que hacer respecto a las maniobras políticas que se anidan en el seno del Congreso Nacional para obstaculizar la aprobación de una iniciativa que pone reglas claras para descontaminar la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y devolverle la independencia al Poder  Judicial.

Nos queda esperar que no se estén fraguando estratagemas para hacer pensar a los hondureños que es sincera la decisión de abrirle las puertas a la CICIH y de darle a dicha entidad de la ONU las herramientas necesarias para ir detrás de las redes de corrupción y contarles de raíz.

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¡Que no sea una pantomima la operación de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, ni la instalación de una comisión que acompañe la cruzada contra la corrupción en Honduras, todo lo cual no será posible si la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general no es independiente, ni abierta ni limpia.

¿O es que se repite la historia de una mentirosa batalla a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas en nuestro país? Sería una decepción para el pueblo que reclama el fin de la impunidad, el robustecimiento de nuestro sistema democrático y el blindaje de nuestro orden institucional.