Las tomas que realizan de manera sistemática grupos de activistas políticos en los centros de salud y en los hospitales ponen en riesgo al 60 por ciento de la población que demanda los servicios del sector público.

Los Colectivos de Libre lanzaron sus acometidas en muchos hospitales y centros de salud a nivel nacional pocos días después de que fue inaugurado el gobierno de la presidente Xiomara Castro, y han ido en escalada hasta generar ingobernabilidad en menoscabo de los más desvalidos.

Estas agrupaciones ideologizadas han usurpado la autoridad del ministro, José Manuel Matheu, y de los funcionarios que le acompañan en su gestión, aunque estos burócratas tampoco parecen haber hecho nada para ponerle fin a semejante desorden.

La semana recién pasada, irrumpieron en el Centro de Salud Alonso Suazo de Tegucigalpa. Simplemente se apostaron en dicha sede, colocaron las banderas de Libre y de Honduras y cerraron los portones.

No se condolieron de las mujeres, niños y ancianos que aguardaron por varias horas e hicieron largas filas para lograr una cita y obtener una orden de despacho de medicinas.

Y en el Hospital de El Progreso, Yoro, ¡increíblemente! un grupo de protestantes, que se han hecho pasar por campesinos, tienen bloqueado el ingreso desde hace un mes, con el fin de forzar la salida del director de dicha institución, Edgardo Murcia.

El expediente del hospital de la ciudad ribereña se ha vuelto una maraña en la que -según ha trascendido- tienen parte diputados de Libre, entre los que se menciona a Bartolo Fuentes, de quienes se afirma que están declarados en pugna abierta contra el referido profesional de la medicina al que acusan de alimentar una estructura corrupta de la divisa nacionalista.            

En el pasado inmediato, los políticos radicalizados irrumpieron en establecimientos asistenciales del Distrito Central y de Choluteca; también desarrollaron acciones violentas en otras regiones del país de alta concentración poblacional y de significativa incidencia de enfermedades crónicas.

Sean de Libre o de cualquier otra filiación partidaria, los agitadores que han sembrado el caos en la red asistencial pública obedecen a consignas que sólo pueden ser calificadas de absurdas e inhumanas, porque pisotean el derecho de la población a ser atendida integralmente.

No puede ser tolerada una situación de tal anarquía, que más bien es alimentada antes de ser solucionada, y que tiene su génesis en disputas encarnizadas entre los políticos; tampoco debe prevalecer el vació de poder en la administración de la salud que, por lo demás, se encuentra en estado de coma.

¡Basta! Es condenable que los politiqueros progresen en sus maniobras y que, en su perverso juego, pongan en riesgo la vida de los hondureños que requieren de la prestación de servicios de salud dignos.

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