Es una tragedia la que ha ocurrido a cincuenta emigrantes, entre ellos hondureños, guatemaltecos y mexicanos, encontrados muertos en el interior de un camión, en Texas, Estados Unidos.

La información preliminar da cuenta que los infortunados pudieron haber soportado temperaturas de unos 60 grados centígrados dentro del contenedor donde eran trasladados un intento desesperado por seguir la ruta al "sueño americano".

Esta sólo es la más reciente historia de la desgracia que persigue a los emigrantes que buscan oportunidades de una vida digna. A inicios de este mes, cuatro nacionales corrieron la misma surte y fallecieron dentro de un vagón.

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En lo que ha transcurrido de este año, han sido repatriados los cuerpos de 70 hondureños que tuvieron un desenlace fatal en su aventura hacia Estados Unidos; en 2021, fueron traídos los restos de 450 emigrantes y en 2020, sumaron 300.

Lo que sucede a estos desdichados es la expresión más palpable de que el derecho a la emigración se ha convertido en un delito y en un argumento para "satanizar" a quienes se van de sus casas para encontrar la esperanza perdida de reivindicar sus derechos más elementales.

¡Qué fracaso más estrepitoso el de los gobiernos de nuestros países, particularmente el de las autoridades que han conducido el destino de Honduras en distintos períodos, el país más pobre de todo el continente, después de Haití!

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Es un revés para nuestros gobernantes, porque no han sido capaces de batallar contra la corrupción, la inseguridad y la pobreza, los principales motivos que hacen de Honduras un territorio espinoso para que nuestra gente continúe aquí la lucha por su propia superación.  

Las cifras que retratan el problema migratorio son las mismas de hace décadas: Cien mil hondureños parten cada año para explorar oportunidades de desarrollo socio-económico, lo que significa que en el país no ha existido una política tendiente a desalentar la movilización irregular.

Se han dejado de lado las iniciativas de progreso comunitario y prestado oídos sordos al reclamo de los hondureños que viven en la pobreza y que están excluidos de sus derechos sociales y económicos.

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Más allá de tales consideraciones y de las crudas cifras que describen la realidad de los llamados "indocumentados", también hay que recriminar el interés de ciertos grupos que alientan la emigración irregular.

Honduras enfrenta el desafío de hacer efectiva una estrategia de movilidad social de los desposeídos que aspiran a salir de su situación de rezago.

Además, nuestras autoridades tienen el reto de liderar la redefinición del Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte, integrado por los países "expulsores" de la población que ya perdió la esperanza de vivir en su tierra. ¡La emigración irregular es la historia de una tragedia que se repite una y otra vez, pero a la que hay que encontrarle soluciones integrales, porque es un problema humano!