En el Valle de Sula 7 de cada 10 alumnos no reciben clases: el 70 por ciento de la población estudiantil apta, entre los 8 y 18 años, no han recibido tampoco clases o terminaron desertando del sistema por las condiciones inapropiadas en las que la educación pública hondureña funciona.

La tragedia educativa agravada por la pandemia y por la falta de planes estructurales de mediano y largo plazo tiene a casi dos millones de niños y jóvenes excluidos del sistema, en un estado  que no logró en las últimas dos o tres décadas, ensanchar su deuda histórica a través de la inclusión, pertinencia y equidad a la que siempre tuvieron derecho la niñez y juventud hondureña.

Cuando solo unos 800 mil estudiantes lograron recibir bajo condiciones precarias de conectividad, clases virtuales, en tanto en casi todos los demás países de Centroamérica, los alumnos pudieron volver presencial o semi-presencialmente al aula física, algo evidentemente no hicimos bien en Honduras.

Mientras  sólo 31 de cada 100 niños y jóvenes tienen la oportunidad de entrar a la escuela pública, el sistema entonces no ha estado funcionando, ni para la cobertura ni en el acceso al conocimiento, restringiendo el derecho que como tal tienen todos los niños y niñas en edad escolar,  independientemente de sus condiciones sociales y culturales.

 La imposibilidad de que más de un millón y hasta casi dos millones de niños y jóvenes no logran o no pueden entrar al aula física hace trizas la premisa según la cual todos tienen el derecho a aprender, en el marco de un entorno educativo que ofrezca condiciones y provea experiencias de aprendizaje significativas.

Que sean tantos los niños y niñas que no pueden ir a la escuela conspira contra la inclusión misma; la oportunidad que debería abrirse a través del conocimiento para construir una sociedad  democrática, inclusiva, pertinente y respetuosa del ser humano, en este caso, de la niñez y juventud, históricamente en desventaja en Honduras.

No hay duda que la niñez y la juventud  están en indefensión en Honduras. Antes de que nos cayera la pandemia la deserción escolar había crecido en niveles y promedios alarmantes. La infraestructura escolar estaba deteriorada y durante la pandemia el acceso a las plataformas digitales nos evidenció aún más como un país tercermundista en tecnología y virtualidad.

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Es que aquí hace mucho tiempo atrás, casi desde el mismo retorno a la institucionalidad democrática, la sociedad como tal y  os gobiernos de turno, se alejaron de la premisa constitucional de la educación pública como un derecho inclusivo, justo e  igualitario.

No evolucionamos hacia el compromiso constitucional de que los niños y niñas de Honduras tienen derecho a la educación, independientemente de su condición social, económica, y de sus capacidades y habilidades.

Caímos en un estado en el que se dejó de propiciar y promover competencias y pertinencias para que los niños y jóvenes en edad de estudiar, lograsen entrar a la escuela pública y sobre todo, mantenerse en la misma.

La histórica conspiración con la que tanto gobiernos liberales como nacionalistas se cebaron sobre la niñez hondureña y sobre la educación pública como tal.

Ya mucho antes de la pandemia, el promedio de estudiantes que desertaba de las aulas sobrepasaba los 80 mil y al entrar al nuevo milenio la cobertura educativa en el territorio nacional apenas sobrepasaba el 50 por ciento.

Allá por el 2010 el porcentaje de alumnos aplazados aumentaba en dos dígitos mientras el acceso a la educación secundaria se ensanchaba más.

A menos de 20 días de las elecciones generales ningún candidato presidencial nos dijo cómo va a atacar ese problema estructural y cómo le va a abrir las oportunidades que hace ya un tiempo atrás les cerraron a los niños y jóvenes de la patria.

Nadie hasta hoy siquiera reparó en sus planes de gobierno en ese amplio segmento excluido y privado del derecho a una educación universal.

Seguiremos lamentablemente sumidos en el oscurantismo educativo y viendo a lo lejos la luz del saber. La triste realidad de miles de educandos a los que los gobiernos que tuvo el país en los últimos veinte y treinta años no los pudo sacar de las tinieblas de la exclusión e ignorancia.