Para el 15 de enero está previsto que la Junta Nominadora concluya su trabajo de evaluación y que, a más tardar el 23 de este mes, remita al Congreso Nacional una lista de al menos 45 aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Los hondureños debemos estar a la expectativa ante las zancadillas que los políticos, aunque no la totalidad, se proponen colocar a la elección transparente del máximo tribunal, con el fin de que este proceso esté alineado con arreglos que hagan que la impartición de la justicia siga siendo “inclinada”.

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Hay sectores de la Cámara Legislativa con una clara intención de “echar por la borda” el trabajo de evaluación de la Junta Nominadora para los efectos de imponer a aquellos candidatos dispuestos a pervertir la impartición de la justicia.

No es casualidad que el presidente de la Cámara Legislativa, Luis Redondo, haya declarado al término de 2022 que tiene en las manos su propia lista de candidatos “tachados”.

Hay un criterio dominante en distintos sectores de opinión pública: que el partido en el poder ha maquinado todo un plan para asegurarse que los abogados y notarios que comulgan con su ideología tengan asegurado un puesto en la nueva Corte Suprema de Justicia.

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Este apetito es insano y si llega a prosperar, resultaría en un nuevo asalto a la voluntad del pueblo hondureño de devolverle la autonomía al Poder Judicial. Sería un golpe al anhelo de que en nuestro país impere la aplicación recta y pronta de las leyes.

No debemos permitir que se cumpla el objetivo de los políticos empecinados en alimentar un sistema de justicia “negociado”. Esto es equivalente a que se privilegien la impunidad y la corrupción.

Sabiamente, el cardenal Oscar Andrés Rodríguez ha alertado que quienes intenten ejercer dominio sobre los Poderes del Estado, en menoscabo de su independencia, no son más que “dictadores”.

Que no se repita la aberrante repartición de cargos en la Corte Suprema de Justicia, mediante la compra de conciencias en el Congreso Nacional, como ha ocurrido por costumbre en anteriores procesos de elección de los magistrados.

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Se daría el tiro de gracia a la aspiración de fortalecer nuestro sistema democrático, basado en la independencia y complementariedad de los Poderes del Estado.

Abracemos una postura indoblegable de cara a la conformación de la Corte Suprema de la Justicia. Porque la aplicación de las leyes no puede estar dictada por el capricho de grupos particulares ni amenazada por los intereses de los corruptos o por presiones de las redes del crimen.

¡Que haya una elección transparente y no condicionada de los magistrados del más alto tribunal de justicia!

¡Que se rompa la cadena de aberraciones en la aplicación de las leyes y que se ponga fin a los arreglos que han debilitado y destruido el sistema de justicia de nuestro país!

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