Cada democracia moderna tiene un “Presupuesto Anual Nacional” que es una Ley aprobada por su Congreso Nacional, el cual determina como el Gobierno puede recolectar y gastar sus ingresos durante un año.

En Honduras según Constitución este se define como “Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República” que es formulado por la Secretaría de Finanzas y aprobado por el Congreso Nacional.

El objetivo de un presupuesto es tanto social como económica puesto que es la manera en que se distribuyen los recursos para generar bienestar en la población.

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Pero, aunque en Honduras se ha incrementado el gasto en más que el doble al pasar de L 131 mil millones en 2013 a L 308 mil millones -antes de la reformulación- representando el 49% de la Producción Nacional, los indicadores sociales se deterioraban: el desempleo se incrementó 2.7 veces su valor en los últimos 10 años; la pobreza y la pobreza extrema alcanzó al 77.7% de los hondureños; y el subempleo esta presente en 7 de cada 10 hondureños ocupados.

Por lo tanto, cuando las autoridades de Finanzas y del Gabinete Económico anunciaban la reformulación presupuestaria se esperaba que esta fuera dirigida a mejorar la distribución del gasto que había dejado la administración anterior; no obstante, el resultado fue un incremento de L 51 mil millones para situar el Presupuesto Nacional Anual del Gobierno en 56% de la Producción Nacional, asimismo, con la Declaración de Emergencia Fiscal y Financiera y la Reformulación de Presupuesto permiten L 74 mil millones en endeudamiento para el 2022 y 2023 donde L 49 mil millones serán financiados por el Banco Central de Honduras en una clara violación a la Ley Orgánica de este.

Además, el 77% del incremento al Presupuesto del Gobierno (L 39 mil millones) está concentrado en gabinetes sociales del Gobierno; se derogaron artículos que contenía proyectos de infraestructura y mejoramientos en la red vial en varios departamentos del país.

Y la reformulación contiene los vicios del pasado al aprobarse sin previa socialización de Finanzas ni del Congreso Nacional; reformando, derogando e interpretando leyes y artículos en una norma transitoria y de vigencia de un año - las Disposiciones Generales de Presupuesto - violentando el debido proceso; y la reforma no fue acompañada con documentos complementarios que permita determinar las líneas presupuestarias a financiar.

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Por tanto, es urgente recordar que, el objetivo debe centrarse en el aumento del gasto público para potencia el incremento en el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los hondureños, pero NO DEBE SER independiente de cómo se financia ni como se van a gastar estos fondos públicos dado que, el costo de tener altos niveles de déficit deberá ser pagado por la economía hondureña y los hondureños.