La impartición de la justicia en Honduras ha sido objeto de negociaciones políticas y de pactos entre instituciones partidarias; incluso, nuestro sistema judicial ha estado bajo la injerencia de grupos ligados con la corrupción y con la criminalidad.

Los hondureños teníamos la esperanza de que la escogencia de los 15 togados del más alto tribunal de justicia fuese más transparente, resultado de un debate de altura y la culminación de la etapa de evaluación confiable que fue conducida por la Junta Nominadora.

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Los políticos desplazaron sus piezas, colocaron las trampas que cabían en cada espacio, hicieron sus arreglos y movieron los hilos que eran necesarios para satisfacer sus ambiciones.

No fue sino después de varios conciliábulos que se consensuó la fórmula de repartición de los jueces tal y como mejor convino a los partidos que se disputaron la relación numérica en el Poder Judicial.

Como ya es de conocimiento amplio, Libertad y Refundación impuso seis magistrados, los nacionalistas colocaron cinco piezas y los liberales negociaron la inclusión de cuatro abogados y notarios más allegados a su línea política.

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No fueron esencialmente los méritos de los postulantes los que se tomaron como base en el debate para la elección de la Corte Suprema de Justicia. En realidad, prevalecieron las conveniencias de los partidos y la medida de sus afanes para interferir en la interpretación y aplicación de las leyes.

Uno de los cuestionamientos que cae sobre los magistrados que acaban de tomar posesión es que llegan a sus funciones catapultados por un padrinazgo político de tres partidos.

Los togados que desde el viernes están integrados en las cuatro salas que componen el máximo tribunal de justicia se han comprometido a darle un nuevo rostro al Poder Judicial, a garantizar la emisión de resoluciones apegadas estrictamente a la ley, a reducir la mora de 2,000 expedientes que han heredado y a fortalecer el Estado de Derecho.

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De propia voz de los magistrados que han sido investidos al término de la semana anterior hemos escuchado su promesa que no serán “mandaderos” de los grupos de poder que siempre están al acoso para lograr que las leyes sean torcidas a su favor.

Les tomamos la palabra a los abogados y notarios que fueron ungidos para los próximos siete años. Tienen el reto de colocarse en la primera línea de batalla contra la impunidad, la corrupción y la criminalidad.

Todos debemos estar vigilantes de que los magistrados cumplan su compromiso de que en Honduras la justicia ya no sea impartida a la sombra de “negociaciones turbias”, ni bajo los criterios que han hecho que las leyes sean acomodadas a los intereses malsanos de unos, en detrimento de la seguridad jurídica y del Estado de Derecho.

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