Un grupo de especialistas del FMI estuvo de visita en Tegucigalpa, Honduras entre el 20 y 24 de junio de 2022, con la finalidad de conocer de primera mano la visión y prioridades de las autoridades gubernamentales en materia económica y social.

Durante esta visita del FMI las autoridades hondureñas manifestaron que sus prioridades giraban en torno a reducir la pobreza y generar un crecimiento inclusivo.

¿A qué se comprometió el gobierno?

De igual forma, confirmaron su compromiso de hacer frente a sus obligaciones financieras, con la intención de mantener estabilidad macroeconómica en el país.

Así mismo, hicieron hincapié en la reforma del sector energía, como una acción fundamental para mejorar la productividad del país en el largo plazo.

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Todo lo anterior ha sido una declaración de buenas intenciones, como suele suceder en este tipo de reuniones, pero que hasta cierto punto resulta inconsistente respecto a los mensajes ambiguos que se han emitido por parte de las autoridades desde que tomaron posesión.

Principalmente en torno a las condiciones de las finanzas públicas y al cuestionado uso del financiamiento otorgado por el BCH.

¿Cuál es el resultado de estas decisiones?

Esto ha tenido repercusiones importantes, al generar un ambiente de incertidumbre sobre el país, produciendo una mayor percepción de riesgo.

Por otro parte, el mantenimiento de una política monetaria más laxa en comparación a sus pares en la región de Centroamérica, frente a una esperada mayor expansión del gasto público, como resultado de la modificación del presupuesto nacional que debido a sus fuentes de financiamiento, obligará al BCH a redoblar esfuerzos en cuanto a sus acciones de absorción monetaria para evitar un exceso de dinero en la economía.

Lo que ejercería mayor presión inflacionaria; y teniendo en cuenta que la tasa de política monetaria en términos reales resulta negativa por los momentos, con su respectivo efecto en la relación ahorro-inversión.

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¿Realmente cumplirá el gobierno estos compromisos?

Este conjunto de hechos genera algunas dudas en analistas económicos nacionales e internacionales sobre el compromiso gubernamental para estabilizar la inflación hacia valores entorno a un 4% en el mediano plazo como se ha manejado en años anteriores, bajo el supuesto que las condiciones internacionales tenderán a estabilizarse para el año 2023.

Las dudas surgen debido a lo que han hecho gobiernos pasados. Hemos visto que las buenas intenciones gubernamentales han quedado, generalmente, como meras declaraciones ante el FMI, sin materializarse en un beneficio palpable que sirva a la población.

Por ejemplo, en el último acuerdo “stand by” con el FMI de julio de 2019, no se cumplió el objetivo de resolver los desafíos estructurales del sector energía, como lo muestran los indicadores de desempeño de este sector en la actualidad.

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De igual forma, en el marco de este último acuerdo no hubo progreso sustantivo en temas de gobernanza, transparencia, lucha contra la corrupción.

Pero fundamentalmente en la reducción de la pobreza, aunque la imposibilidad de lograr su reducción puede ser debatible, debido a los efectos negativos ocasionados por la pandemia y los huracanes Eta e Iota.

¿Qué podemos esperar de un nuevo acuerdo con FMI?  

Hasta ahora sólo hemos observado manifestaciones que no han sido acompañadas de acciones de política económica efectivas, coordinadas y factibles que otorguen credibilidad a las propuestas planteadas.

Es de esperar que con un nuevo acuerdo con el FMI se podría ganar credibilidad, reafirmar compromisos tanto de disciplina fiscal como de anclaje de la inflación; de igual forma, respecto al sector energía se esperaría progreso en su reforma, contraponiéndose al fracaso del gobierno anterior en este sector.

Urge corregir errores cometidos en el pasado y en el presente

Para lograr estos objetivos es fundamental que tanto el gobierno como el FMI se comprometan a identificar y corregir los errores que se han cometido y que se están cometiendo, y enfocarse en un esfuerzo conjunto hacia acciones concretas, inclusive explorando vías menos ortodoxas de política económica que propicien bienestar a la población hondureña sin que estas representen un riesgo en el futuro cercano.

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