El caso del niño de El Tablón estremeció a un país que parece haberse acostumbrado a convivir con el horror. A eso de las cinco y cincuenta de la tarde, el pequeño estaba en el portón de la residencial cuando un hombre, bajo engaño, le ofreció una malteada y dulces.

Las cámaras de seguridad registraron su último trayecto: entrando a una recicladora de plástico donde, según las investigaciones, fue abusado y asesinado. No hay palabras suficientes para explicar la magnitud del daño, pero hay silencios que agravan la tragedia.

Honduras no tiene un sistema de justicia capaz de prevenir, atender y rehabilitar a quienes cometen delitos sexuales. Muchos agresores cumplen condenas mínimas, salen de prisión y vuelven a delinquir.

No hay programas integrales, no hay seguimiento psicológico ni reinserción social. Solo una cadena de impunidad disfrazada de castigo, donde los centros penales son depósitos de seres humanos sin esperanza, ni redención posible.

La violencia sexual contra menores no surge de la nada. Se alimenta del abandono, de la falta de educación, del silencio cómplice y de la indiferencia institucional.

Cada niño que muere así es una prueba irrefutable de que el Estado falló en su deber más básico: proteger la vida. Y lo más indignante es que no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón que se repite porque nada cambia, porque el sistema penal castiga sin transformar, encierra sin enseñar y libera sin reparar.

Es momento de romper la inercia. De dejar de hablar de “monstruos” y empezar a hablar de responsabilidades. Las cárceles están llenas de hombres que saldrán algún día, sin haber pasado por un proceso de rehabilitación.

Saldrán a las mismas calles, a los mismos barrios donde un niño juega confiado frente a su casa. Y nadie parece entender el peligro real que eso representa.

Los niños no deberían morir así. No por engaños, no por omisiones, no por un sistema que sigue mirando hacia otro lado mientras la inocencia se entierra una y otra vez.

Honduras no puede seguir normalizando la tragedia. Proteger a la niñez no debería ser un acto heroico, sino una obligación de todos: del Estado, de la justicia y de una sociedad que, si aún tiene conciencia, debe exigir que nunca más un niño pague con su vida el precio de la indiferencia.