La nueva cámara legislativa ha empezado a aprobar sus primeros decretos y conformar importantes comisiones para atender al menos tres reformas trascendentales para el país: las reformas político-electorales, las reformas a la Ley Orgánica del parlamento y las reformas a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas. Todas necesarias e importantes para el fortalecimiento institucional y la consolidación democrática.

La presidencia del Congreso Nacional ha querido imprimir a esta nueva etapa del hemiciclo más proactividad y borrar esa imagen de parlamento opaco y poco efectivo. El Congreso Nacional de Honduras en el Índice de Transparencia Legislativa, ocupa el último lugar a nivel latinoamericano.

De ahí que una de las reformas que se impulsa es la de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, por las discrecionalidades que encierra y las facultades de autoritarismo que otorga a quien ocupa la silla del poder legislativo.

Todos los presidentes del parlamento prometen que harán reformas a esa ley orgánica, pero no se concreta, hasta ahora, donde la última presidencia de ese poder del Estado se excedió en sus poderes e imposiciones.

La presión ciudadana y la credibilidad por el suelo del parlamento, con un nivel de confianza del 16% según el Latinobarómetro, obliga a que se quiera dar en esta legislatura un cambio de timón, en especial del partido en el poder, el Partido Nacional, arrastrado por hechos de corrupción y criminalidad organizada en la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, último indultado por el gobierno de Trump, pero no exonerado de sus delitos que le llevaron a una condena: narcotráfico.

El Partido Nacional, en el poder, tiene la presión de intentar revertir esa imagen heredada por la administración de JOH. Los nuevos inquilinos del poder legislativo también quieren ser parte de un poder del Estado que reforme su Ley Orgánica, no quieren aparecer en el nuevo Índice Transparencia Legislativa como uno de los poderes del Estado más vergonzosos de América Latina.

Otra reforma urgente que generará polémica entre quienes la ven como un avance en democracia y los que opinan que no “hay condiciones” y es “un arma de doble filo”, son las reformas político-electorales que incluyen la segunda vuelta, la ciudadanización de las mesas electorales, la separación de elecciones presidenciales de las de diputados y alcaldías; el fortalecimiento al CNE y el TJE, entre otros, como necesarias para devolver al país y al elector la confianza en sus instituciones y la democracia más allá de ejercer el sufragio cada cuatro años.

Otra de las transformaciones en el tintero es la Ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, una de las instituciones más golpeadas en su credibilidad y confianza en el último proceso electoral, en especial en la gestión del exjefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández. Ha llegado el momento de definir mejor el rol castrense, su garantía de alternancia en el poder y su no politización político-partidaria en temas electorales. Son tres reformas que no deben pasar de los 100 días si existe voluntad política de cambio.