En un estado que se precie de independiente, es indispensable un Poder Judicial apartado de toda influencia externa, sea política o económica, y estar sometido únicamente a la majestad de la ley con el fin primordial de ejercer justicia efectiva, imparcial, libre de injerencias y ejecutada en los tiempos adecuados.

En Honduras, la actual Corte Suprema de Justicia, que ya se va, fue todo lo contrario, se perdió desde inicios de su gestión la categoría constitucional de poder independiente y complementario y se sometió, por presiones o por voluntad propia, al poder político ejercido desde el Ejecutivo y el Legislativo, lo que al final derivó en la deslegitimación de la justicia, la crisis institucional interna del Poder Judicial y por supuesto crisis de gobernabilidad.

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La Suprema Corte de Honduras volvió a caracterizarse por dilatar los procesos judiciales, amparar sus sentencias en razones de intereses políticos o económicos, los fallos obedecen a “ordenes superiores”; es decir, un Poder Judicial hecho a la medida para atender los servicios e instrucciones que proceden del poder político.

Hoy, como hace siete años, los hondureños volvemos a poner la esperanza en el trabajo bien hecho por cierto, de una Junta Nominadora integrada por representantes de diversas organizaciones que hicieron pasar a los postulantes por varias evaluaciones previas y finalmente una etapa de audiencias públicas para presentar un listado de 45 profesionales del derecho entre los que el Congreso Nacional escogerá a los 15 nuevos magistrados.

Una vez más entramos en la disyuntiva sobre si los diputados de las diferentes bancadas en el Legislativo recurrirán a la manipulación de la ley, a las negociaciones bajo la mesa, a fin de favorecer sus propios intereses poniendo en peligro la poca credibilidad del Poder Judicial, debilitando aún más el sistema democrático del país mediante la politización de la justicia.

La justicia sometida al dominio político no cumple con su rol de defensora de la ley y los preceptos constitucionales, pierde su capacidad de ser equilibrio y delimitar las funciones de los otros poderes del estado, deja de ser un órgano fiscalizador y de control ante el accionar irregular del poder.

La teoría de la división de poderes,  según Montesquieu, plantea que la ley debe asumir un papel central, independiente e imparcial, no puede ser ejercida de manera directa o indirecta por aquellos que también dirigen el Ejecutivo y el Legislativo, la justicia no debe estar sujeta al abuso de poder o al poder único.

La independencia de poderes no solo consiste en separar las funciones que cada uno tiene para con el Estado, también quienes ejercen estos cargos deben ser funcionarios dispuestos a proceder con valentía, rectitud, honestidad, y en el caso de los magistrados y jueces, estar dispuestos a renunciar, antes que permitir que por medio de la mezquindad política se siga pisoteando la justicia.

Hoy diversos sectores asumen con firmeza posiciones vigilantes y de consensos a fin de evitar que los eventuales acuerdos entre los partidos de oposición y el gobernante Libre para la elección de los nuevos magistrados, concluyan con una nueva Corte hecha a la medida de quienes los nombraron.

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