La lucha contra la corrupción y la impunidad sigue siendo uno de los mayores desafíos del país, los índices de percepción de la corrupción locales e internacionales nos siguen mostrando como una nación opaca, con una institucionalidad tan frágil que los hechos de corrupción que salen a luz pública parecen no incomodar a los operadores de justicia mientras la ciudadanía empieza a verlos con normalidad.

Los medios de comunicación tradicionales y digitales en su labor de fiscalización del poder han sacado sendos reportajes que evidencian como se tejen y mantienen las redes de corrupción que operaron en el reciente pasado y siguen vigentes en la actualidad.

Esas redes burocráticas identificadas por la prensa, y también por instancias civiles como el CNA y la ASJ, entre otras, tienen claros centros de operación: las dependencias dedicadas a la inversión social, el Congreso Nacional y la secretaría de gobernación y justicia, última donde se legalizan las operaciones de las ONG usadas para canalizar los fondos públicos bajo el paraguas de la ayuda social o la subvención solidaria.

Otras dependencias gubernamentales también sobresalen en ese danzón de los fondos públicos, que llevó al entonces secretario de transparencia, Edmundo Orellana, a denunciar lo que estimó “usos incorrectos” de los recursos y proponer una estrategia nacional de transparencia como política pública para prevenir la corrupción.

La política no ha sido aprobada y el exministro Orellana mejor renunció.

La labor de los periodistas ha permitido identificar que muchas de las obras sociales bajo los cuales se drenaron fondos públicos a través de ONG turbias, se agrietaron en los primeros cuatro meses, otras ni siquiera se realizaron y fueron llevadas a zonas de remoto acceso, mientras trascienden los florecientes negocios de algunos políticos "emprendedores".

Las reacciones desde el oficialismo ha sido la de siempre: “Falso” “Fake news”, mienten “los medios golpistas”.

"La punta del iceberg"

En paralelo, un juicio por corrupción se libra en una corte de Estados Unidos relacionada con la tasa de seguridad, un hecho que apenas será la punta del iceberg de una red de corrupción que podría traer más estornudos de los deseados.

Ese juicio fuera del patio solo evidencia que nuestras instituciones no pueden con monstruos de esa naturaleza.

De ahí que la ciudadanía abogara por la llegada de la CICIH para desmontar esas estructuras, pero ésta no apareció.

La promesa del gobierno se la llevó el viento e hicieron de la misma una torre de Babel para culparse unos a otros. Y en esta campaña electoral, la corrupción no es el centro de las propuestas presidenciables, más allá del discurso.

¿Y la CICIH, pá cuándo? ¿Quién tomará la bandera para evitar que los impunes se sigan riendo, que las redes burocráticas avancen en sus trances y que la esperanza no se pierda? La respuesta la tienen los presidenciables, pero también el elector. Que la esperanza no se muera, Honduras merece lo mejor.

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