Cuando está por fenecer el período para la aprobación de la nueva Ley Electoral, es manifiesta la pretensión de la clase política de seguir boicoteando la adopción de nuevas reglas para garantizar la transparencia y autenticidad de los procesos comiciales.

De sobra conocemos que si la consulta de noviembre de 2021 no es acompañada de un nuevo ordenamiento legal, los hondureños corremos el peligro de sufrir una crisis de peores consecuencias que las generadas por el golpe de 2009.

Nuestros líderes saben la dimensión de este riesgo, pero les tiene sin cuidado, porque nunca han privilegiado los intereses del país. Le apuestan a la colocación de trampas a la democracia y nos han engañado con su falso compromiso de honrar el veredicto del pueblo en las urnas.

¿Qué otra explicación puede darse ante el hecho verídico que durante varios años los políticos han jugado, con cálculo, a entorpecer la vigencia de una nueva normativa comicial, no obstante la presión de sectores mayoritarios domésticos, así como la exhortación de organismos externos y de representaciones de otros países?

A pocas horas de que llegue a su término el período establecido para que se dé vida  a una nueva Ley Electoral, los personajes oscuros de la política han echado a andar los mismos juegos contra el poder de las mayorías.

Ante dicha conspiración, es vital que los ciudadanos hondureños luchemos por que el proceso de consulta del último domingo de noviembre esté cimentado en una legislación que garantice el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho.

Lo que han propiciado los políticos -en su gran mayoría- es el debilitamiento del poder del pueblo expresado a través del sufragio y la destrucción del orden institucional.

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Lo idóneo era que la normativa comicial hondureña, que está en discusión en el Congreso Nacional, incluyera reformas profundas como el voto revocatorio, la segunda vuelta y lo que concierne a la reelección presidencial.

Por conveniencias de grupos particulares que van en detrimento de los principios de la pluralidad y de la democracia participativa, la discusión de estos mecanismos ha vuelto a quedar soterrada.

Los líderes de las instituciones partidarias han dicho que tales temas deben ser objeto de un posterior escrutinio popular. ¿Estrategias dilatorias de doble intención para mantener vigentes las maniobras de los políticos rancios?

Dentro de la agenda que está en cartera en el Poder Legislativo, sin embargo, hay que rescatar la posibilidad de darle un cambio sustancial a la conformación de las Mesas Electorales con la representación de todos los partidos, en razón de su capacidad y de la legitimidad de sus líderes y dirigentes.

También es prioritario que se pongan los puntos claros en torno a la deuda política, la creación de nuevas instituciones partidarias y la representación de éstas ante los órganos electorales.

Al final, aspiramos a que sean cortadas de raíz las componendas, el tráfico de influencias, la negociación de credenciales, la imposición de candidatos, la infiltración de grupos delictivos en el financiamiento de las campañas y otros vicios de nuestra actividad política.

El ejercicio del poder ha perdido legitimidad en nuestro país. La democracia está en riesgo y en predicado, lo que nos obliga a los ciudadanos a denunciar a los politiqueros que están destruyendo nuestra institucionalidad y a exigir que cuente el voto legítimo de las mayorías en Honduras.

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