Definitivamente el cierre de la economía no es la mejor opción en nuestro país, donde las respuestas a la emergencia han sido planteadas de manera antojadiza y descoordinada.

Es indubitable que las medidas puestas en ejecución para encarar la actual contingencia están divorciadas de una estrategia equilibrada entre la prioridad de salvar vidas y la necesidad de proveerle a la población los medios de subsistencia.

La postración del sistema productivo nos conduce a toda velocidad a una debacle económica y a un estallido social que no podremos contener por más esfuerzos que sean empeñados para revertir sus consecuencias.

Una mirada rápida a los datos que miden la actividad económica nos lleva a una valoración fatídica. Hasta junio se perdieron entre 10 y 15 por ciento de los empleos fijos como derivación del cierre de la producción. Esa tendencia más bien ha ido en escalamiento.

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Igualmente se proyecta que cuatro de cada diez empresas serán clausuradas por la imposibilidad de sostenerlas y la incapacidad de las autoridades del país de manejar la eventualidad que corremos a partir de un balance entre la urgencia sanitaria y la crisis económica.

Cuando se cumplieron 90 días de confinamiento, Honduras había acumulado pérdidas de al menos 110,000 millones de lempiras, el 16 por ciento del Producto Interno Bruto.

Reseñamos que en la primera semana de la reapertura inteligente de la economía, comenzaron a ser restablecidos al menos 290,000 puestos de trabajo; no obstante, cuando casi ha transcurrido la primera quincena de julio, alrededor de medio millón de empleos volvieron a caer en precario.

Se presagia que para finales de 2020, unas 500,000 plazas de trabajo estarán canceladas, sin sumar las que habrán sido suspendidas para entonces, por la falta de condiciones para mantenerlas y financiarlas.

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¡Dramático! 500,000 familias serán echadas a la intemperie social, a la pobreza y a la calamidad. Miles de empresas están sentenciadas a fallecer en los próximos meses y, en esta corriente, se prevé una profunda recesión económica.

Nos estamos acercando a un mayúsculo deterioro de la condición social de la población. Lo que se visualiza es que tres de cada cuatro hondureños caigan en la pobreza y, la mitad de ellos, en la indigencia.

En poco tiempo seremos un país donde habrá desaparecido la clase media, con una empresa privada inválida, pequeños y medianos emprendimientos en cuidados intensivos; además, con una economía en expiración.

En resumidas cuentas, no existe una voluntad real de parte de quienes administran el Estado de trazar una ruta frente a la crisis. Demandamos que sean enviadas señales de solución a la problemática social y económica que tenemos encima como derivación de la pandemia. ¡Que se haga la luz al final del túnel!

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