El caso de Próspera ZEDE ofrece una oportunidad para separar tres elementos que suelen mezclarse en el debate: empleo directo, empleo indirecto e inversión anunciada.
La revisión de las cifras disponibles confirma una reducción importante en la estimación de puestos de trabajo presentada por la Secretaría Técnica, pero la información pública todavía no permite demostrar que todo ese descenso responda exclusivamente al conflicto jurídico.
Los 3,480 empleos: qué contiene realmente la cifra
El primer hallazgo está en la metodología. Los 3,480 empleos difundidos por Jorge Colindres no correspondían a 3,480 trabajadores contratados directamente por empresas de Próspera.
Según el análisis publicado por el secretario técnico en marzo de 2026, la estimación partía de una encuesta laboral de junio de 2024 y datos del Instituto Nacional de Estadística (INE): contabilizaba 950 empleos directos y 2,530 indirectos.
La distinción es clave. Los empleos directos pueden vincularse con empresas y trabajadores concretos; los indirectos provienen de una estimación sobre la actividad generada alrededor del proyecto.
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Posteriormente, Colindres situó el empleo total en 974 puestos, una reducción de 72.8 %. Su explicación señala principalmente a la construcción: el sector habría pasado de 2,260 empleos totales a cero dentro de la medición utilizada.
Sin embargo, el material público localizado para esta investigación no desglosa esos 974 puestos entre directos e indirectos ni determina cuántos eran permanentes y cuántos temporales. Tampoco se encontró una serie pública desagregada de la Secretaría de Trabajo, el IHSS o el INE que permita reproducir de forma independiente la comparación.
Hay además un dato que requiere conciliación: Próspera reporta actualmente 950 empleos directos activos, junto con más de 200 empresas constituidas. Al tratarse de cortes y metodologías que podrían ser diferentes, no es técnicamente correcto comparar automáticamente esos 950 puestos actuales con los 974 del informe sin conocer la base completa.
¿La reducción fue provocada por el conflicto jurídico?
La interpretación de Próspera es clara: Colindres vincula la contracción, especialmente la desaparición de los empleos estimados en construcción, con la incertidumbre jurídica alrededor del régimen ZEDE.
Pero atribución no equivale a causalidad demostrada.
Para probar estadísticamente que el conflicto legal explica por sí solo la caída sería necesario conocer qué obras estaban activas, cuándo terminaron, cuáles fueron suspendidas, qué contrataciones dependían de cada proyecto y qué inversiones tenían financiamiento asegurado antes de detenerse.
También deberían aislarse otros factores posibles, como los ciclos propios de la construcción, decisiones empresariales, costos de financiamiento o cambios en los calendarios de inversión. En un análisis general sobre empleo e inversión, el economista de la UNAH Henry Rodríguez ha señalado que infraestructura, energía, costos competitivos y condiciones adecuadas para invertir forman parte del conjunto de variables que inciden en la generación de puestos de trabajo.
Por tanto, con la evidencia pública disponible puede afirmarse que Próspera atribuye la reducción al conflicto jurídico, pero no que esa sea la única explicación comprobada.
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Inversión ejecutada frente a proyectos anunciados
Honduras Próspera Inc. afirma haber catalizado más de 100 millones de dólares en inversión y construido más de 34,000 metros cuadrados. Son cifras de la propia compañía y permiten establecer una referencia del capital ejecutado, aunque no sustituyen estados financieros auditados de acceso público.
El contraste histórico abre otra pregunta. En 2022 se informó que la empresa promotora estaba en proceso de invertir 150 millones de dólares en Roatán durante 24 meses, principalmente en construcción e infraestructura.
La documentación pública revisada no permite conciliar aquel anuncio de US$150 millones con los más de US$100 millones que Próspera reporta actualmente como inversión catalizada. Por ello, no existe base suficiente para calcular cuánto capital anunciado quedó finalmente sin ejecutar.
Lo que sí aparece en los planes de 2026 es el verbo “reactivar”. Próspera sostiene que busca reactivar inversiones en infraestructura horizontal en Puerto Satuyé, junto con nuevos desarrollos residenciales, hoteleros y hospitalarios en Roatán.
Empleo más allá de las estadísticas
Las cifras también tienen historias individuales. Rubén Fajardo, arquitecto hondureño que trabajó en proyectos de construcción de Próspera y posteriormente creó sus propios negocios, relató en un testimonio publicado por la compañía que allí "se me presentaron oportunidades que ni siquiera las había soñado".
Es una experiencia concreta, aunque no sustituye una muestra independiente de trabajadores afectados por la reducción de actividad. Para completar esa parte de la investigación, todavía es necesario documentar casos de empleados que perdieron su trabajo, contratistas que perdieron proyectos y compañías que cancelaron o pospusieron inversiones.
Desde el Gobierno, la línea económica actual pone el énfasis en atraer capital y generar oportunidades laborales. El presidente Nasry Asfura lo resumió en mayo de 2026: "No hay forma que salgamos adelante si no atraemos la inversión extranjera y nacional". Esa posición general sobre inversión no representa, sin embargo, una validación específica de la metodología laboral utilizada por Próspera.
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¿Qué puede afirmarse con la evidencia disponible?
El caso permite llegar a una conclusión más precisa que el simple contraste entre 3,480 y 974 empleos: hubo una fuerte reducción en la estimación elaborada por la Secretaría Técnica, impulsada dentro de esa metodología por la caída de la actividad de construcción. Sin embargo, no todos los 3,480 eran puestos directos y todavía falta conocer cuántos empleos fueron permanentes, temporales o estimados mediante efectos indirectos.
En inversión ocurre algo similar: hay capital y obras ejecutadas verificables a partir de la información empresarial, proyectos que Próspera dice estar reactivando y nuevas inversiones en desarrollo, pero también anuncios multimillonarios que todavía pertenecen al terreno de las proyecciones.
Para cerrar la prueba harían falta cuatro piezas: el Informe de Empleo Próspera ZEDE 2026 completo y su base metodológica; registros administrativos que permitan contrastarlo; el inventario de proyectos suspendidos o cancelados; y la relación entre inversión comprometida, desembolsada y pendiente.
Hasta entonces, Próspera constituye un caso relevante para estudiar empleo e inversión frente a un cambio jurídico, pero la evidencia aconseja mantener separadas tres cosas: lo que ocurrió, lo que la empresa atribuye al conflicto y lo que todavía falta demostrar.
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