Madrid lamentó que la clase política hondureña trate de buscar otras vías alternas que no son las que manda la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público ni Ley Orgánica del Congreso Nacional para escoger al nuevo fiscal general y fiscal general adjunto para el período 2023-2028.

"Hay un camino trazado y esbozado y es el que el Congreso Nacional debe de seguir", dijo Madrid en entrevista con Noticieros Hoy Mismo de TSi.

En ese sentido, el representante de la ASJ manifestó que no hay necesidad de realizar un plebiscito -como planteó ayer el diputado de Libre, Rasel Tomé- para que los ciudadanos voten por alguna de las nóminas de candidatos a fiscal general y adjunto propuestas en el Legislativo.

"Este es un tema que debe de quedarse en el Congreso Nacional", insistió Madrid, rechazando al mismo tiempo otras alternativas que han surgido para elegir a las autoridades de la Fiscalía hondureña, ante la falta de consensos entre el oficialismo y oposición dentro del Congreso Nacional.

Alternativas

Otras de las propuestas planteadas es la de nombrar una comisión interventora en el MP, elevar a rango constitucional al director de fiscales o colocar un fiscal general adjunto adicional, pero es la del plebiscito que más debate público ha generado.

Pero, "todos estos escenarios no están marcados en la Constitución de la República ni la Ley Orgánica del Ministerio Público", agregó Madrid.

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Al mismo tiempo Kenneth Madrid instó al Congreso Nacional que se enmarque en el principio de la legalidad y cumpla con su función para que puedan dialogar y lograr consensos para elegir a las autoridades del Ministerio Público.

"A uno le surge una duda ¿será que están negociando los líderes políticos a un nivel mucho más alto otro tipo de situaciones? No quisiésemos pensar que están negociando impunidad en el Ministerio Público y por eso se encuentran estancadas las negociaciones", expresó Madrid.

El experto dijo que tanto el oficialismo como la oposición en el Congreso Nacional deben dejar alguna de sus pretensiones en la mesa de negociación y presentar una moción nominativa en la que ambas partes salgan satisfechas porque "es imposible pensar en otras salidas".

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Según Kenneth Madrid, el problema de los partidos políticos en la elección del fiscal general y su adjunto ha surgido porque "no les ha gustado la lista de los cinco candidatos que mandó la Junta Proponente al Congreso Nacional" y "no se quieren apegar a la ley porque quieren un fiscal a su medida para poder instrumentalizar al Ministerio Público como ha sucedido en los últimos años".

Estancamiento de elección de fiscal

Tras dos intentos fallidos entre el 29 y 31 de agosto, el Congreso hondureño no ha convocado nuevamente a sesión a los diputados para elegir al nuevo fiscal general y el segundo al mando del Ministerio Público.

Solo dos mociones nominativas de candidatos a fiscal han sido presentadas en el pleno, y ninguna ha alcanzado la mayoría de votos requeridos, 86 de los 128 diputados del Parlamento.

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La primera moción la presentó el partido oficialista Libre en la que propuso a Johel Antonio Zelaya, para fiscal general, y Marcio Cabañas, para fiscal general adjunto.

La segunda propuesta fue hecha por el Partido Salvador de Honduras (PSH) nominando a Marcio Cabañas y Jenny Gabriela Almendares, como fiscales general y adjunto respectivamente.

Libre suma 52 votos a favor de su nómina y necesita llegar a acuerdos con las principales bancadas de la oposición (Partido Nacional, Partido Liberal y PSH) que hasta ahora cuentan con 74 votos.

Plebiscito para elegir fiscal

Diferentes sectores han reaccionado en torno al tema de plebiscito para que el pueblo hondureño elija de una de estas dos nóminas de candidatos a fiscal general y adjunto.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Julio Navarro, dijo a la radio HRN que la consulta popular la debe aprobar el Congreso Nacional mediante un decreto y con mayoría calificada (apoyo de 86 de 128 diputados).

Navarro indicó que si el Congreso ordena el plebiscito debe plantear la pregunta a trasladar a la ciudadanía y además, aprobar al CNE el presupuesto respectivo que rondaría los 500 millones de lempiras.

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El mecanismo de consulta se haría dentro de tres o cuatro meses, después de la aprobación del decreto y convocatoria al mismo, según Navarro.

La designada presidencial Doris Gutiérrez dijo en Noticieros Hoy Mismo de TSi que no cree que haya condiciones para hacer un plebiscito ante la polarización que existe en el Congreso en torno al tema de la elección de la nueva Fiscalía General del Estado.

Por su parte, el expresidente del otrora Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar consideró que es viable hacer el mecanismo de consulta ya que está contemplado en la Constitución de la República.

Aguilar dijo que el plebiscito se hace muy frecuente en países de América del Sur, donde las autoridades le consultan al pueblo cuando no encuentran solución a determinado problema, como el que amerita actualmente en Honduras en la elección de las autoridades de la Fiscalía General del Estado.

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El analista sostuvo que la consulta puede realizarse "en unos tres meses porque es mucho menos complicado que una elección general" ya que se reduce la cantidad de papeletas, urnas y miembros de mesas.