La ejecución del mecanismo de consulta tendrá que ser aprobado mediante decreto y por mayoría calificada en el Congreso Nacional y este, a su vez, deberá ordenar a la Secretaría de Finanzas la asignación de los 500 millones de lempiras.

"El decreto debe establecer la convocatoria al pueblo a una consulta donde el Congreso tendría que elaborar también el contenido de la pregunta que se le hará a la ciudadanía", dijo Julio Navarro en entrevista con Diario Matutino de radio HRN.

Si el Congreso manda a realizar el plebiscito para que el pueblo escoja a las nuevas autoridades del Ministerio Público para el período 2023-2028, el CNE deberá darle cumplimiento, sostuvo el consejero.

Además, el CNE tendrá que "garantizar que sea un plebiscito cumpliendo todas las especificaciones que debe tener un proceso electoral: transparente, creíble y aceptable por la ciudadanía", agregó el funcionario.

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Según Navarro, el plebiscito tendría que hacerse dentro de tres o cuatro meses, por lo que para su organización, que incluye la compra de software y papeletas, no se podría hacer mediante adquisición pública como lo establece la ley.

Propuesta de diputados

El lunes los diputados Rasel Tomé, Obed López y Mauricio Rivera se reunieron con representantes del CNE para proponer la consulta como posible alternativa ante la falta de consensos en el Congreso para elegir al nuevo fiscal general y su adjunto.

Tomé indicó que el mecanismo sería a través de una papeleta en donde se pregunte a la ciudadanía por qué nómina -de las dos que se han presentado en el Congreso Nacional- para fiscal general y adjunto votaría, con un "sí o no".

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"No depende del CNE que se lleve esta consulta, depende del Congreso Nacional y el artículo 5 de la Constitución establece que la aprobación de una consulta debe ser por mayoría calificada", dijo al respecto el consejero electoral, Kelvin Aguirre.

 Aguirre aseguró que el CNE tiene capacidad técnica y de iniciativa para realizar la consulta si el Congreso Nacional así lo ordena.

Figura del plebiscito en Honduras

El mecanismo está contemplado en la ley hondureña, pero según el exmagistrado del otrora Tribunal Superior de Elecciones (TSE), Augusto Aguilar, "no ha habido voluntad por parte del Congreso para hacer participar a la ciudadanía en las grandes decisiones".

Aguilar dijo que el plebiscito es un mecanismo que se aplica muy frecuente en América del Sur, donde le consultan al pueblo cuando las autoridades de un país no encuentran solución a determinado problema, como el que amerita actualmente en Honduras en la elección de las autoridades de la Fiscalía General del Estado.

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La consulta puede realizarse "en unos tres meses porque es mucho menos complicado que una elección general, se reduce la cantidad de papeletas, urnas y miembros de mesas", expresó el experto en Hoy Mismo de TSi.

Iniciativa no tendría éxito

El Coordinador de Justicia y Seguridad en Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, no cree que la iniciativa tenga éxito en el Congreso Nacional ya que Libre, en el poder, solo tiene 50 diputados y se requieren 86 votos para aprobar el plebiscito.

En ese sentido, Madrid indicó que la propuesta no tendría respaldo de las bancadas políticas de oposición: Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Salvador de Honduras (PSH).

Pero "¿qué necesidad tenemos de darle al pueblo una consulta por un tema que debe resolverse en el Congreso Nacional? Un plebiscito cuesta aproximadamente 500 millones de lempiras y hay que esperar seis meses aproximadamente", expresó el experto.

Por tal motivo, Madrid consideró que el tema de la elección del fiscal general y fiscal general adjunto debe quedar en el Congreso Nacional y no pensar en salidas alternas "que no marca la Constitución ni la Ley Orgánica del Ministerio Público".

El representante de la ASJ dijo que esperaría que los políticos "no estén negociando impunidad" ante las alternativas que se están proponiendo por no tener consensos para la escogencia de las autoridades de la Fiscalía hondureña.

Los diputados "tienen que dejar alguna de sus pretensiones en la mesa y negociarlas para llegar a una moción que deje satisfechos tanto a la oposición como al grupo oficialista del Congreso", en la elección de los fiscales, agregó Madrid.

Elección fallida

Tras dos intentos fallidos entre el 29 y 31 de agosto, el Congreso hondureño no ha convocado nuevamente a sesión a los diputados para elegir al nuevo fiscal general y el segundo al mando del Ministerio Público.

Solo dos mociones nominativas de candidatos a fiscal han sido presentadas en el pleno, y ninguna ha alcanzado la mayoría de votos requeridos, 86 de los 128 diputados del Parlamento.

La primera moción la presentó el partido oficialista Libre en la que propuso a Johel Antonio Zelaya, para fiscal general, y Marcio Cabañas, para fiscal general adjunto.

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La segunda propuesta fue hecha por el Partido Salvador de Honduras (PSH) nominando a Marcio Cabañas y Jenny Gabriela Almendares, como fiscales general y adjunto respectivamente.

Libre suma 52 votos a favor de su nómina y necesita llegar a acuerdos con las principales bancadas de la oposición (Partido Nacional, Partido Liberal y PSH) que hasta ahora cuentan con 74 votos.

Los nuevos fiscales general y adjunto debieron sustituir a Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián el 1 de agosto pasado, pero la falta de consensos no ha permitido la elección.

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