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Analistas hondureños en temas económicos difieren en que la aprobación de 950 millones de lempiras para obra sociales contemplados en el Presupuesto General de la República de Honduras para ejecutarse en 2023 sea una nueva versión del polémico Fondo Departamental.
El Congreso Nacional aprobó en el jueves 12 de enero en horas de la madrugada el instrumento fiscal de Honduras por el orden de 392 mil 519 millones 733 mil 991 lempiras, de los que L 950 millones se asignarán para obras y desarrollo social gestionadas por varias entidades estatales, según lo establece el artículo 292 de la ley.
"Entiendo que la idea es generar algunas respuestas a demandas que existen en el sector rural y esa es la razón por la cual este fondo se le otorga o se espera que la ejecución la haga el FHIS y otros entes públicos", dijo en Hoy Mismo de TSi el economista Julio Raudales.
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Diputados del Partido Nacional han indicado que el Congreso revive el controversial Fondo Departamental con la partida presupuestaria de los 950 millones de lempiras.
"Algunas personas están diciendo que esto es una nueva versión del Fondo Departamental, pero es importante entender la diferencia: el Fondo Departamental era una asignación que se otorgaba directamente a los diputados a través de la Secretaría de Gobernación para que pudieran ejecutar a razón de sus demandas en sus departamentos", dijo Raudales.
Mientras que los 950 millones de lempiras en el Presupuesto Nacional "se puede ver que es un fondo que sería ejecutado por oficinas gubernamentales", agregó el economista.
Fondos presupuestados para obras sociales
Según establece el artículo 292 de la Ley de Presupuesto 2023, los recursos serán para el desarrollo de infraestructura menor y obras sociales a petición y en beneficio de comunidades, patronatos, asociaciones comunitarias, juntas de agua, cajas rurales, alcaldías, entre otros.
Además, los fondos servirán para el otorgamiento de becas de estudio en todos
los niveles educativos.
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"Las obras de infraestructura menor, sociales y becas se gestionarán a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) y el Instituto de Crédito Educativo (Educredito)", dice el artículo.
Impacto
El economista Roberto Lagos dijo que se debe de esperar cómo se van a operativizar los 950 millones de lempiras, considerando que los fondos no los ejecutarán directamente los diputados.
"Lo que sí es relevante es que cuando se dejan estas partidas con recursos tan elevados en los cuales no se tiene una planificación clara de lo que se va a hacer, eso genera dudas, porque generalmente estos recursos asignados de esa forma no tienen impacto al final del día", sostuvo Lagos.
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A criterio de Lagos, en la Ley del Presupuesto se debió agregar un artículo más que indicara que los recursos para obras sociales iban a someterse a una evaluación de impacto, como mejorar condiciones de vida de los hondureños y reducir la pobreza.
Fondo Departamental
La utilización del Fondo Departamental ha sido cuestionado pues en el pasado el dinero se entregaba a cada uno de los 128 diputados que conforman la Cámara Legislativa para ejecutar obras y proyectos sociales en sus comunidades.
Los fondos se consignan en la Ley Especial para Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales aprobada por el Congreso en octubre de 2019, durante la gestión de Mauricio Oliva, del Partido Nacional.
El cuestionado Fondo se creó, originalmente, en 2006 durante la administración del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) y se contempló en el Presupuesto General de la República.
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La extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) presentó el caso "Red de diputados" en el que señaló a cinco congresistas por haber desviado supuestamente recursos del Fondo Departamental a cuentas personales y de familiares.
Acusaciones
Por este caso, el Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción de Tegucigalpa, dictó sobreseimiento definitivo a favor del diputado del Partido Nacional, Alberto Chedrani Castañeda, y del exdiputado José Vicente León acusados de fraude y lavado de activos en el caso conocido como "Red de diputados".
Asimismo, se dictó sobreseimiento provisional para los exdiputados: Oswaldo Ramos Ramos, Ricardo Antonio Díaz y Rodimiro Mejía Merino.
Los parlamentarios estaban acusados de fraude y lavado de activos por crear organizaciones no gubernamentales (ONG) con las que, supuestamente, desviaron al menos 18 millones 950 mil lempiras del Fondo Departamental entre los años 2013-2017.
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